Escribe Darío Rodríguez

El intendente de Paysandú comunicó, días pasados, “urbi et orbi” que a su administración. -tras aplicación de criterios definidos por el Congreso de Intendentes- le corresponden 728 cupos en el “Programa Jornales Solidarios” (PJS) De paso aprovechó para mencionar que se comprometió a trabajar para “resolver el serio y grave problema de desempleo en el departamento”; propósito loable y compartible. Pero las iniciales acciones  contribuyeron a precarizar fuentes laborales, restar aportes al BPS y sumar medidas harto cuestionables.

El PJS, que se tramitó en forma exprés en el Parlamento, -sin aceptar planteos con componentes educativos y la presencia de Inefop propiciadas por el FA-,  establece criterios y está direccionado a personas desempleadas que tendrán la posibilidad de realizar ciertas tareas comunitarias, a cargo de las Intendencias y Municipios, percibiendo,  por 12 jornales mensuales, 12.500 pesos nominales (no en la mano) durante 6 meses (junio-noviembre) Serán, transitoriamente, parte de la plantilla de funcionarios de las Intendencias. El proceso de inscripción y selección de personas entre 18 y 65 años será rápido y se presupone que se anotarán miles de personas habida cuenta del enorme desempleo departamental; por encima de la media. Entre todas las Intendencias habrá 15 mil jornales. La iniciativa toma como referencia programas similares desplegada durante la crisis del 2002 durante el gobierno colorado de Jorge Batlle fervientemente apoyado por  el Partido Nacional.

Al cierre de ésta nota no se sabe cuál será la forma de implementación; es de esperar, -y la comunidad deberá estar atenta-, que prime la trasparencia: lejos del pueril clientelismo. Sería interesante dar participación a las organizaciones de trabajadores y sociales para dotar al llamado de una mayor legitimidad. Muchos se preguntan, y la comuna deberá responder, si aduciendo perentoriedad (se empezará a trabajar el 1ª de junio) no ingresarán al proceso los correligionarios de A Ganar.

Tal vez la Intendencia manejaba información sobre el PJS propuesto desde el gobierno nacional y se guardó la “carta” de los jornales imputados al fideicomiso departamental. Se han escuchado pocos reclamos, lo han hecho los medios,  en relación a la implementación de los mismos. La oposición política, muy metida en la interna,  debe exigir y negociar las prioridades y la consecuente ejecución de lo previsto en el fideicomiso. Hay obras previstas, que generarán trabajo genuino, superadores de estos paliativos que tienen el propósito político de calmar cierto “malestar social”.

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