Darío Rodríguez
En la “antigüedad” las Escuelas y Facultades de Comunicación, muchas de ellas impregnadas de la visión norteamericana del asunto, sostenían la peregrina idea que el periodismo era el “cuarto poder”. Actuarían con imparcialidad, objetividad y en forma plural. Ya sabemos la falacia de tales supuestos; los medios comerciales son parte de los poderes fácticos en una sociedad, -buena parte de ellos entienden la comunicación como una mercancía, y no tanto como un servicio de interés público-, y que en la lógica capitalista se han concentrado y sus propietarios diversifican negocios. Los medios, desde su política editorial generan subjetividades, fortalecen o debilitan aspectos ideológicos, estados de ánimo, verosimilitudes. Los gobiernos y toda la estructura normativa se adecua a sus necesidades. Es cierto que en Uruguay, en la era progresista hubo ligerísimos cambios e intentos de democratizar la comunicación. No se animaron a más, los corrían con una supuesta libertad de prensa, que era en realidad libertad de empresa.
Sin que se generara ninguna catástrofe, aunque fue un proceso lento, paulatino, la UdelaR dispuso de una señal de radio (UniRadio), sin poder generar un canal de TV. Antes de ello, tras arduas negociaciones cuando en los noventa se cableó Montevideo para la TV de abonados, la IMM logró una señal que hoy es TV Ciudad. Fue un avance, en el intento de incorporar otras voces distintas a las exhibidas por las familias propietarias de los canales comerciales montevideanos con ramificaciones en otros formatos en todo el país. Aunque estos fenómenos no los erosionaron realizaron cambios editoriales gatopardescos.
Hoy en materia del espectro radioeléctrico se pueden distinguir tres sectores: el comercial; estatal y comunitario. Estos últimos se fueron abriendo paso, superando persecuciones, detenciones y un montón de prejuicios exacerbados desde el statu quo. En la era progresista los estatales mejoraron sensiblemente tanto en su programación, infraestructura y calidad periodística. En el 2014, con tibieza, se aprobó una ley de medios que recién quedó operativa en el 19. La misma fue objeto de múltiples planteos de inconstitucionalidad por las familias propietarias de los grandes medios, particularmente de la TV comercial afincada en Montevideo. Son permanentes y proverbiales los lazos entre el gobierno de la derecha y los propietarios, pues comparten una mirada ideológica. Cuando ello no cuadra hay presiones para despedir trabajadores, extremo que se ve facilitado por la debilidad y dificultad para la penetración de la organización sindical. A veces los comunicadores, no se ven como trabajadores y ese es otro problema.
Los grandes propietarios de los medios comerciales, especialmente de la TV, primero hicieron lo imposible y más para que no existiera regulación, y luego para que la misma fuera inoperante. Tuvieron mucho éxito. Gozaron de otras ventajas en esa campaña: el debate sobre la importancia de los medios no sale de las élites, queda ahí, aunque ahora se suma la academia. No hay organizaciones o defensores de los auditorios. Revelaron tener un gran poder y que casi nadie se atreva. Cumplen con lo que les parece sin que nadie hable que está en juego, como en otros casos, las libertades, la libertad de expresión o la democracia misma. Con matices, que daría para otro análisis más fino, la TV comercial uruguaya apunta a galvanizar un discurso, un relato lejos de los intereses populares. Todo ello luce muy natural, aunque “muestran ocultando”.
La derecha ayer oposición, hoy gobierno, dijo que iba a derogar la ley de medios y en eso está. Incluso se denunció que uno de los redactores de la nueva ley es Walter Romay, uno de los accionistas de Montecarlo TV. La máxima aspiración, de los redactores de la iniciativa legislativa, era una privatización oblicua de Antel al permitir que privados dispusieran de su infraestructura. El botín es jugoso y el herrerismo lo quería entregar: Antel recauda por concepto de venta de servicios al hogar (fibra óptica o banda ancha) 340 millones de dólares al año; casi la mitad de su facturación.
En reciente “conversatorio” organizado por la Facultad de Información y Comunicación (FIC) con presencia de expertos en la materia, Gustavo Gómez, mencionó que el proyecto a estudio del Parlamento, “recorta derechos, levanta las barreras a la concentración de medios y quita toda transparencia en la forma en que se asignan frecuencias de radio y TV”. Históricamente las asignaciones fueron un escándalo, pero lo comunidad no visualizaba a los medios como instrumentos para la pelea por la construcción de nuevas realidades. Ignorando, seguramente, que los medios, derivados de la asignación del espectro que es de toda la sociedad, construyen valores, fortalecen miradas, sostienen gobiernos.
Hay más institucionalidad relativa a los medios y estudios académicos, pero no el suficiente empoderamiento ciudadano que impida que las familias de siempre mantengan privilegios y sigan siendo parte de los poderes reales del Uruguay que nadie vota. La democracia, renguea.
Encastre
“proyecto a estudio del Parlamento, “recorta derechos, levanta las barreras a la concentración de medios y quita toda transparencia en la forma en que se asignan frecuencias de radio y TV”.
El botín es jugoso y el herrerismo lo quería entregar: Antel recauda por concepto de venta de servicios al hogar (fibra óptica o banda ancha) 340 millones de dólares al año
