Escribe Benjamín Nahoum
Derogación de 135 artículos de la LUC
La recolección de ochocientas mil firmas de ciudadanas y ciudadanos para derogar ciento treinta y cinco artículos de la Ley de Urgente Consideración Nº 19.889 de julio 2020 (“la LUC”) trajo como primera consecuencia favorable el dejar en manos de la ciudadanía la decisión de si debía permanecer en nuestra legislación un conjunto de artículos que por lo menos casi el cincuenta por ciento de la población considera inconvenientes, tóxicos.
Una segunda consecuencia favorable debía ser que, ahora sí, por fin, el extenso temario contenido en la LUC, y en particular los artículos impugnados, pudiera ser discutido y aclarado para el conjunto de la población (y probablemente también para muchos legisladores que lo votaron), lo que sin duda no pudo darse por la forma en que la ley fue aprobada: tratando en menos de cien días, por dos cámaras legislativas, lo que racionalmente debía estar contenido en casi cincuenta leyes: una por cada sección y capítulo que tiene la LUC, casi todos sobre temas diferentes, a los que sólo une el deseo del gobierno de aprobarlos mientras todavía tiene una coalición que lo respalda y las mayorías parlamentarias correspondientes.
Sin embargo, este segundo logro aún no se ha dado, y es posible que llegue el 27 de marzo sin que eso suceda, porque es sabido que hacen falta dos, tanto para bailar el tango como para discutir, y el gobierno sigue firme en su intención de no encarar el debate, actitud que comenzó cuando, apenas asumido, elevó el proyecto de la LUC al Parlamento; continuó durante los menos de cien días del tratamiento legislativo, y se mantiene ahora, cuando las ochocientas mil firmas lo obligan a salir a la palestra.
En lugar de ello, el gobierno (que es sinónimo de la coalición, porque aunque el herrerismo es sólo el director de la orquesta, los músicos hacen todo lo que les indica la batuta) insiste tozudamente en refugiarse en los temas en que cree que tiene a favor el temor de la gente, como el de la seguridad, incluso a costa de sostener absurdas falacias, como que todos los presos van a salir de las cárceles si la LUC no se mantiene íntegramente (dicho nada menos que por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber). Y, también tozudamente, insiste en decir que no es verdad lo que está escrito en la LUC, negando por ejemplo la existencia de los lanzamientos “exprés” de inquilinos/as, establecido en el capítulo II de la sección IX de la LUC (artículos 429 a 459). ¿O no es exprés desalojar a un inquilino/a en seis días hábiles (art. 439) y lanzarlo en otros cinco (art. 442), porque se atrasó tres en el pago del alquiler (o inmediatamente, si había aceptado la mora automática)?
La prensa, la que no responde a los intereses de los grupos de poder (que son los directamente beneficiados por esta ley de urgente consideración) tiene por eso un decisivo papel a cumplir en esta importante instancia democrática: informando, esclareciendo, y sobre todo haciendo lugar e impulsando el debate: las consecuencias que la aplicación de la LUC tendrá para nuestra sociedad y lo que significa esta manera de actuar del gobierno (no escucho, no veo, no hablo) para el funcionamiento de nuestra democracia son demasiado importantes para que no se hagan los máximos esfuerzos para que esta trascendente instancia de participación de la ciudadanía se dé en las mejores condiciones: con conocimiento, con intercambio de argumentos, con respeto y sin estigmatización hacia los que piensan diferente.
Se ha discutido si este referendo es un cuestionamiento al gobierno, y no ha faltado, desde un lado y desde el otro, quien diga que así es. Yo, por el contrario, creo que, más allá de dejar sin efecto los artículos nocivos, el referendo es un cuestionamiento a una forma de gobernar que no nos hace bien como sociedad; una forma de gobernar que elude el debate y abusa del “poder de mayoría”, argumentando que tiene el aval de la ciudadanía porque la suma de los votos que obtuvieron quienes la integran fue mayor que la de los demás.
Porque la elección de noviembre de 2019, que determinó que el presidente fuera Luis Lacalle Pou, definida por poco más del 1% del total de votantes, no fue un aval a un programa que estaba esbozado con la brocha gorda, y en el que no estaba todo lo que después se incluyó en la LUC, y muchos menos es un cheque en blanco al gobierno, que tiene por ello la obligación de actuar en permanente consulta, no sólo con la oposición, sino con el conjunto de la sociedad, organizado de múltiples formas, sólo una de las cuales son los partidos políticos. Los ciento treinta y cinco artículos son muy importantes, pero eso es más importante todavía.
Esto es lo que estará en juego el 27 de marzo: si en los tres años siguientes, el gobierno seguirá actuando como si hubiera sido ungido por algún poder divino, reformando a su gusto e intereses una sociedad que se construyó de otro modo: con el diálogo, con el debate, o tendrá que pasar de la quinta marcha al punto muerto y después a la reversa, para volver, aunque no le guste, a ese estilo del que siempre nos enorgullecimos. Porque eso fue, y seguirá siendo el Uruguay.
