Por Horacio R. Brum
El sábado 5 de febrero, un aviso a doble página en el diario La Nación de Argentina ofreció “country residences” a 1.500.000 dólares, “polo houses” a 1.200.000 y “villas” a 1.000.000 de esos billetes verdes impuestos por los Estados Unidos como moneda de intercambio mundial. Para quienes desearan hacer compras más modestas, el aviso ofrecía lotes de hasta cinco hectáreas y media, por 440.000 dólares, con “vista privilegiada a la exuberante naturaleza”. Tal paraíso está a unos 10 kilómetros de Punta del Este, pero si algún feliz propietario quisiera llegar más directamente a la puerta de su casa, tiene un aeropuerto privado que “garantiza el acceso a importantes puntos locales e internacionales”.
Un mes antes de esas módicas ofertas, los medios de comunicación uruguayos informaron que el ministerio del Ambiente multó a la empresa de capitales brasileños Fasano Las Piedras por construir aquel aeródromo sin la autorización ambiental, en un área de humedales muy delicada en cuanto a la biodiversidad. Fasano Las Piedras es un complejo turístico de grandes dimensiones, que se extiende sobre más de 450 hectáreas y donde, según otra publicación de La Nación, “Lujo y amenities inundan el proyecto más exclusivo de Uruguay y el preferido de reconocidos empresarios argentinos, brasileros y europeos que optan por el lugar como primera residencia”. Tan exclusivo es el proyecto, que las autoridades uruguayas han permitido la habilitación de la pista de aviación -no hay que ahuyentar las inversiones extranjeras-, mediante el pago de una multa de alrededor de 38.000 dólares y pese a que la empresa ya tuvo otras dos sanciones por realizar actividades no autorizadas. Además, la obra ya había sido denunciada por los vecinos de la zona y algunas organizaciones ambientalistas, y el diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini realizó cuatro pedidos de informes, con poco éxito.
Ahora, los ricos y famosos podrán llegar directamente a sus mansiones en jets ejecutivos, pero como se encargó de aclarar con toda buena fe en la responsabilidad empresarial el ministro de Ambiente Adrián Peña, la firma misma será responsable del monitoreo ambiental y deberá presentar informes periódicos por la posible afectación de la fauna del lugar. Según Peña, “en la medida que no se constaten efectos ambientales graves podrá continuar operando. Si no, se le revocará la autorización”. O sea, cuando el daño ya esté hecho.
Al parecer, el funcionario defensor del medio ambiente no conoce el informe a la comunidad de pilotos que presenta en su página web la organización nacional Volemos.org. Volemos advierte para la pista de Fasano que “Por su ubicación en una zona de humedales se debe prestar especial atención a la presencia de aves y fauna” y subraya que se encuentra en la zona de influencia de los aeródromos de El Jagüel y Laguna del Sauce: “Por lo tanto, especialmente durante el verano, la zona es conflictiva ya que se suman a las operaciones de los aeródromos ya mencionados, la actividad del club de planeadores de la ciudad de San Carlos (SUSC) y la zona de paracaidismo en la desembocadura de La Barra de Maldonado”.
Esta pista y el complejo absurdamente lujoso de Las Piedras son un ejemplo de cómo los intereses inmobiliarios y de los inversionistas extranjeros avanzan cada vez más en el Este, en detrimento de lo que alguna vez se publicitó como el Uruguay Natural. Cuando Punta del Este quedó chica para los devaneos de los ricos y la farándula, las ilusiones de vivir en un “entorno natural” se trasladaron a la barra del arroyo Maldonado; mas tarde fueron los alrededores del faro de José Ignacio los transformados en jardines de los afortunados del mundo, con poca intervención de los uruguayos, no más que para servirles y comerciar con ellos. Así, la maquinaria aplastante del turismo de lujo ha seguido avanzando en una región que, como ocurre en las lagunas y los humedales costeros, se caracteriza por sus delicados equilibrios ambientales. El propio gobierno de José Mujica abrió camino hacia el este a la topadora inmobiliaria, cuando autorizó el puente de la laguna Garzón, una obra que también fue objeto de críticas y polémicas. En esa ocasión, el puente favoreció específicamente los proyectos de Eduardo Constantini, el hipermillonario desarrollador inmobiliario argentino. Constantini se especializa en alterar la naturaleza drásticamente, como lo muestra su pionero Nordelta, un gigantesco barrio cerrado cercano a Buenos Aires (visible desde el aire al llegar a Aeroparque), donde se excavaron lagunas y canales para que los propietarios de las carísimas casas puedan divertirse en sus lanchas y yates, y salir al delta del río Paraná.
Tal vez por el encarecimiento del suelo, el avance de estas megaobras en la costa uruguaya del Río de la Plata se está trasladando al oeste; hace ya algunos años que Carmelo es otro polo del turismo “caro”, principalmente proveniente de Argentina, y el año pasado la Intendencia de Colonia, con los votos en la junta de la coalición gobernante, cambió la clasificación urbanística de una amplia zona del este de la ciudad, para permitir una obra gigantesca de desarrollo turístico-empresarial en playa Ferrando. Hasta ahora, el barrio Ferrando con su playa eran un lugar de tranquilidad y armonía vecinales, pero la luz verde de la Intendencia coloniense hará que se construyan varios cientos de viviendas de alta gama por año, así como edificios para restaurantes, centros comerciales y actividades educativas. Cualquier semejanza con el Distrito Park que se ha querido imponer a Paysandú no parece ser pura coincidencia…
En los mismos días de la multa al aeródromo de Fasano, los grandes incendios de las plantaciones forestales estaban provocando la destrucción de la naturaleza y la alteración de la vida de las comunidades rurales. En cierto modo, los bosques artificiales son al campo del Interior lo que los complejos turísticos de lujo son a las zonas balnearias: unas empresas poderosas conquistan la voluntad de los políticos con promesas de miles de empleos y se mueven al borde de la legislación ambiental. Así ellas consiguen que se desestimen las dudas y temores de la población local o compran el consentimiento de muchos de sus miembros con las ofertas de trabajo. En cuanto a la Naturaleza, esas empresas sostienen que ayudan a protegerla, como cuando las forestales dicen que sus plantaciones reducen los gases que provocan el cambio climático, o que las construcciones contribuyen a realzar su belleza, como fue el caso del puente sobre la laguna Garzón. En realidad, están rompiendo paisajes y tejidos de biodiversidad que se desarrollaron a lo largo de miles de años, e introduciendo en las poblaciones humanas elementos sociales y económicos que a la larga solamente sirven para alterar los modos de vida armoniosos y tranquilos.
Ningún gobierno uruguayo puede tirar la primera piedra en cuanto a su responsabilidad por sacrificar el medio ambiente en aras del crecimiento; alguno habrá mostrado más preocupación que otro, pero el Uruguay Natural está sucumbiendo frente al poder de las chequeras. No se trata de practicar el extremismo ambiental ni hablar de unos idealizados “derechos de la naturaleza”, sino de pensar el desarrollo a escala humana y no medirlo sólo en puntos del Producto Bruto Interno ni en la cantidad de ricos ociosos que podemos atraer a nuestras playas.
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La pista de Fasano, en foto de Volemos.org
