Escribe Darío Rodríguez
La semana pasada el Grupo de Estudios Territoriales (GET) del Centro Regional Universitario Litoral Norte, recordando los incendios forestales de fines del 21 y principios del 22 libró desde el semanario Brecha (22.1.23) “algunas notas” sobre dichos episodios que, de paso, dan cuenta de la actuación de la UdelaR.
La decisiva acción de vecinos organizados, damnificados y/o preocupados, disparó una serie de encuentros, diálogos, con variables resultados y el armado de la Mesa de Diálogo Paysandú donde confluyeron las forestales y su brazo gremial, la sociedad de Productores Forestales (SPF); de amplia incidencia en el gobierno nacional. Los episodios, de gravísimo impacto emocional, social y económico, dejaron expuestas carencias de recursos, subutilización de los mismos, improvisación y descoordinación.
El GET, -convocado por los vecinos-, revisando los eventuales cambios pos incendios describió que se verifica “una práctica reiterada (de) la falta de mantenimiento de las áreas cortafuego. Luego de los incendios de 2021 y 2022, se podía apreciar en algunas zonas la presencia de malezas (en especial, chircas) de más de 2 metros de altura, en lugares que debieron estar limpios”.
Los apuntes señalan, -incluso lo reconoció el ministro de Ambiente en su presentación ante la Comisión Permanente del Parlamento el verano pasado- el abandono de prácticas beneficiosas que con la irrupción de la forestación se dejaron de lado. Concretamente, limpieza de cunetas y calzadas en caminos vecinales. Se dan la mano el hambre y las ganas de comer. No hay controles estatales lo que deja vía libre a la discrecionalidad de las multinacionales. Por ejemplo, no se hacen más de 25 inspecciones anuales a un territorio con más de 1 millón de hectáreas plantadas.
De consuno, se articuló trabajar sobre tres ejes, seguridad, ambiente e integración. En referencia al primero saltó que desde 2016 existe un plan de manejo de riesgo de incendios forestales regenteado por el SINAE. Empero, el plan nunca se pudo liberar de los escritorios. Se cree que hay que revisar la normativa. La misma “se había diseñado casi en abstracto y en forma previa al gran desarrollo del sector forestal de las últimas décadas”. Plantean incorporar la experiencia acumulada nacional/internacional, generar espacios de capacitación, certificación de bosques y confección de protocolos para intervenir al principio de cada evento. Ello asociado a las alertas tempranas y permanente instrucción de las poblaciones. En esta lógica, la ley de ordenamiento territorial no se debe obviar.
Sobre el segundo eje, urge una “evaluación integral del daño causado…(…)…sobre lo productivo, pero especialmente sobre lo ambiental en sus dimensiones naturaleza y sociedad”. Como de la disminución, drástica, “de la presencia de especies exóticas invasoras en la zona”, con un “plan de manejo a mediano y largo plazo, asociado al seguimiento y la mejora continuas de los montes nativos, con énfasis en la rehabilitación de los de tipo de parque, necesarios para la conservación de la biodiversidad”. Los montes nativos prácticamente desaparecieron consumido por las llamas.
En el eje integración territorial se menciona la existencia de una notoria relación conflictiva entre los pequeños productores y las multinacionales. Las asimetrías y ser las forestales un factor de poder explica la misma.
Un dato significativo es que se tienen cuantificadas las pérdidas materiales (hectáreas quemadas, metros de alambrado restituidos, etc) pero reina la incertidumbre “respecto a las afectaciones a la salud humana”. De ahí que el Grupo, junto a otras dependencias universitarias, en clave interdisciplinaria, trabajó una propuesta de evaluación multidimensional. Extrañamente la misma no se encendió “por falta de financiación”.
Contrariamente a lo que dice la SPF, la forestación en la zona se caracteriza por ser “un monocultivo extractivista, en el que la mayor parte de la ganancia no vuelve” en cuya situación los pequeños productores dependen, para encarar ciertas iniciativas, de la voluntad de estos poderes fácticos. Un lugareño crítico de las prácticas y la actividad, laboralmente será un paria. La sociedad queda “subordinada” a los reyes del eucalipto y el pino.
No obstante, el aciago panorama, el episodio demostró la potencialidad de la gente organizada. El GET anota dos logros. La confección de un anteproyecto de ley que modifica algunas normativas, le da unicidad a ciertas actuaciones, se detiene en los cortafuegos y establece distancia mínimas entre plantaciones y centros poblados. La iniciativa tiene media sanción y el oficialismo la durmió en la comisión de Ganadería del Senado. El segundo tiene que ver con que el LATU, INIA y la SPF confeccionen un “piloto sobre control de exóticas” en áreas afectadas.
Finalmente, los universitarios concluyeron que urge incorporar “definitivamente” la metodología de gestión de riesgo “como proceso social complejo para prevenir o reducir la probabilidad de daños y pérdidas asociadas a eventos extremos o desastres sobre la sociedad”.
