Los objetivos prioritarios para trabajar son cinco: Emergencia alimentaria, 
Género, Diversidad cultural y sexual, Memoria y Justicia y
 Derecho a la ciudad”.

 

En este 2023 “tenemos como líneas transversales que vamos a trabajar los 50 años
del golpe de Estado, la reforma jubilatoria y también la profundización de la desigualdad
 que nos preocupa mucho”.

 

La Intersocial Paysandú cerró un año intenso, de mucho trabajo. El mismo empezó con la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la LUC en una campaña espectacular para el colectivo sanducero que puso a Paysandú como uno de los pocos departamentos en los que ganó el SÍ.

Fue por allá en marzo de 2020 que surgió la Intersocial como consecuencia de la crisis alimentaria por la pandemia del covid-19.

Se empezó con un proceso de discusión interna para definir qué rumbo se iba a tomar.

Integran la misma la Udelar, FUCVAM, la Iglesia Valdense, ATRU y también hay mucho militante social.

El espacio es abierto, diverso, horizontal, autónomo y apartidario desde lo político pero comprometido socialmente.

Los jueves a las 19 las reuniones se hacen en la casa de la Universidad.

Cecilia Sánchez cuenta que los medios para llevar adelante la campaña fueron pocos pero asimismo se pintaron más de 50 muros, se hicieron pasacalles “con la idea de llegar a la población con información para que la gente tuviera elementos el día de la votación, para juzgar si la ley era buena o mala”.

En Paysandú se llegó al guarismo exigido pero a nivel nacional no se acompañó.

El colectivo se define “como movimiento social en defensa de los derechos humanos pero los DD.HH. son muy amplios, entonces definimos los objetivos prioritarios para trabajar que son cinco: Emergencia alimentaria, Género, Diversidad cultural y sexual, Memoria y Justicia y Derecho a la ciudad”.

Son los cinco ejes que se trabajan.

Con la Comisión de la Memoria

El año pasado se trabajó con la Comisión de la Memoria que integra la Intersocial, “trabajamos fuertemente con Verdad y Justicia y los derechos humanos hoy”; también se generaron varios conversatorios.

Otra de las actividades desarrolladas fueron Las marcas de la memoria, en un recorrido histórico por la ciudad. Marcas de la memoria es el término utilizado para designar placas conmemorativas u otras expresiones materiales simbólicas recordatorias en sitios públicos considerados símbolos de la lucha civil contra el accionar ilegítimo del Estado (1968 -1973) y la Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985).

Apuntan -Laura Dessimoz y Cecilia Sánchez- que el objetivo es que las nuevas generaciones que desconocen lo que hizo el terrorismo de estado, tomen conocimiento. Hoy vivimos momentos en los que se profundiza la desigualdad, y lo que está en peligro es la democracia, que se socava”.

Advierten que actores políticos hacen un discurso de odio y que se vuelve a la postura que sostiene que lo que pasó en dictadura fue una guerra de dos bandos, y a propósito aclaran que “nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ahora se votará la reforma jubilatoria, y como contrapartida un partido político nuevo (Cabildo Abierto) pide para votarla que se indemnice a las víctimas de la subversión”.

Profundizan comentando que “volvemos a tener esa discusión de que hubo una guerra entre dos bandos siendo que al terrorismo de estado lo sufrieron todos y cada uno de los ciudadanos que vivieron en este país, más allá de los militantes sociales, los partidarios, la población en general la sufrió”.

Lo que se viene

En este 2023 “tenemos como líneas transversales que vamos a trabajar los 50 años del golpe de Estado, la reforma jubilatoria y también la profundización de la desigualdad que nos preocupa mucho”.

Al colectivo le preocupa mucho la política anti género que se ha instalado y el discurso de odio que hay en la sociedad.

“Hoy tenemos una sociedad crispada que afecta la democracia. Creíamos que eran etapas superadas y hace dos años empezamos a ver que se prendía fuego a un cuidacoche, son señales de aprofobia, era un grupo de jóvenes que quisieron matar a un ser humano porque era pobre”.

Creen que se está rompiendo el tejido social y que “no es la convivencia natural de uruguayos, si uno ve las redes sociales, la confrontación que hay, da miedo. Vemos actores políticos de primer nivel que se expresan con violencia, eso socava la democracia, ese ninguneo al que opina distinto, eso socava y eso preocupa porque la garantía es tener una república fuerte para la democracia. Vemos ministros de gobierno que cuestionan al Poder judicial, ese no es el camino, eso lleva a situaciones que luego podemos lamentar”.

Recordaron una de las actividades del año pasado en la cual se presentó el documental “Volver a mi barrio” que recuerda el desplazamiento que sufrieron muchas familias. Allí no se atacaba a la izquierda o a los militantes sino que se había afectado la vida de un colectivo por un tema de etnia.

Derecho a la ciudad y diversidad

Este año se hará un trabajo en conjunto con la Asociación Trans Uruguay (ATRU), una investigación universitaria de cómo viven la ciudad las personas de diversidad sexual.

Hay estudios en otros departamentos. Este año se hará en Paysandú, porque “no es lo mismo pertenecer a un colectivo de diversidad, de cómo vive una persona trans o gay que una heterosexual.

Sobre el Masterplan se hará una conferencia del movimiento ciudadano sobre las acciones que se seguirán para informar a la población sobre el resultado del pedido de acceso a la información.

Creen que la costa “es el espacio más democrático que tiene Paysandú donde todas las clases sociales, donde la diversidad tiene un lugar ahí donde se cultiva la democracia desde todo punto de vista”.

Ven que a nivel nacional e internacional hay una embestida de los negocios inmobiliarios para apropiarse de los territorios públicos y privatizarlos para la especulación inmobiliaria. Tememos que sea el objetivo de este Masterplan”.

Son contestes en que “una reunión de información no es consulta ciudadana, la ciudadanía no conoce en profundidad el Masterplan. Se hizo una presentación en una pantalla y fue exponer y mostrar fotografías, no hubo intercambios, opiniones diversas.  Se está vaciando la democracia, cómo se llevan las gestiones de gobierno a nivel departamental. No es que se informe detalladamente, sino que haya un ida y vuelta. Tiene que haber una escucha a la sociedad civil para saber si lo que dicen los gobernantes es lo que quiere la ciudadanía, que admitimos que fueron legítimamente elegidas”.

La normativa exige que haya consulta.

Son categóricos al afirmar que “nosotros fuimos convocados para que nos digan que es lo que van a hacer, no para consultarnos y no podemos decir nada por la confidencialidad, eso raya lo autoritario. Tenemos derecho a saber qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, y con qué se hace y si algo en lo que no estamos de acuerdo, no se debe hacer. No podemos legitimar acciones que socavan la democracia”.

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