Escribe Darío Rodríguez
Distintos sondeos de opinión, que son un indicador, dan cuenta que la (in) seguridad es uno de los temas de mayor preocupación entre la población, conjuntamente con la economía y el desempleo.
Uruguay, en materia de violencia comenzó un proceso de latinoamericanización como en su momento anunció algún jerarca policial y fue denostado por la ayer oposición. La respuesta, constante, ha sido el creciente punitivismo que hacina 14 mil presos en alguna cárcel; una verdadera bomba de tiempo.
El año pasado, tomando información del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior (MI), -con datos del primer semestre-, se conocía que los homicidios habían subido en 11 departamentos, las lesiones en 15, las rapiñas en 8, las de hurto en 11 y las de violencia doméstica en 16.
Mientras Brasil, país violento como todos los latinoamericanos, con una población de 214 millones de habitantes, tiene cada 100 mil personas 390 presos, en Uruguay, infinitamente más pequeño, para el mismo universo tiene encerradas 411.
Enancado en la deficitaria gestión frentista, el actual gobierno profundiza la política punitiva, (el encarcelamiento de mujeres por ingresar pequeña dosis de estupefacientes en cárcel es otra muestra) y al mejor estilo barra brava grita: ¡nos hacemos cargo! Pero la violencia no deja de crecer. La (in) seguridad que vive la gente, más allá de lo declarativo, hace imprescindible una nueva mirada del asunto, aunque al ser un botín electoral complica el cambio de binoculares. La creencia que el complejo fenómeno de la violencia es una cuestión policial y que dicha labor queda a cargo de otrora desplazadas jerarquías de uniforme, con no tan buenas fojas, exacerba la lógica predominante.
En el pasado hubo intentos de salir del mero punitivismo. La Policía Comunitaria, el intento de desplegar programas de rehabilitación, el armado de modelo policial dirigido a solucionar problemas, patrullajes en base a predicciones con uso de información e intervenciones urbanas, son parte del muestrario.
Más acá en el tiempo, el plan siete zonas, ideado en el 2017, actuó en ciertos territorios del área metropolitana involucrando vecinos, creando espacios públicos y mejorando servicios; lo que tuvo un positivo impacto en la convivencia. Hubo una mirada integral del fenómeno y se pensaba extenderlo a otros 24 barrios. El Estado invirtió 32 millones de dólares. Los vecinos vieron con buenos ojos esa experiencia. El Estado, ausente, se hacía presente en Marconi, Chacarita de los Padres, Tres Ombúes, Ituzaingó, Barros Blancos, (Montevideo), Vista linda y Obelisco (Las Piedras) Aduciendo problemas presupuestales el FA lo canceló siendo que el programa estaba funcionando bien y había aumentado la seguridad en dichos territorios. Un error político significativo. Seguramente la cancelación no se explique solamente por lo presupuestal: el FA también sucumbió al punitivismo.
…no hay salida sin una mirada integral y con involucramiento de la oposición y las organizaciones sociales.
Será por ello que esta experiencia no es reivindicada.
Extraído de su “hábitat natural”, -el Parlamento-, Luis Alberto Heber (legislador desde el 85) vive de anuncio en anuncio y mirando, como todo el gobierno el 2019; año mágico. Por momentos cree que sigue estando en el Parlamento y no en el Poder Ejecutivo. Todo parece indicar que estamos ante un ministro débil, sin capacidad de comunicativa, ni ascendencia, situación que lo empuja a salir en cuanto medio se le cruce por el camino esbozando alguna propuesta o comentario relativo al pasado.
El crecimiento constante de los homicidios (un 25% en relación al 21, tomando como referencia el 22) hizo que el año pasado Heber dijera en una comparecencia parlamentaria que había un plan para frenar los homicidios. Comentó que la iniciativa no se podía dar a conocer para que no llegara a conocimiento de los delincuentes. El enigmático plan no pasó del reforzamiento del patrullaje en ciertas zonas de Montevideo. A luz del incremento de los homicidios el supuesto plan fue un fiasco.
Los homicidios del pasado mes (37), cotejándolos con similar periodo del 22, aumentaron 6%; pero comparándolos con el año mágico (2019) la suba ascendió un 37%. Da pavor. En la cuantificación no se tiene en cuanta “muertes dudosas” y mucho menos los que quedan con graves secuelas.
Con esta implícita emergencia, el gobierno del vamos viendo, -poco afecto a una mirada integral y a la incorporación de saberes específicos, – anunció que reclutaría ex presos insertos en la comunidad para que realicen, a puro pragmatismo, trabajo social en los barrios intentando frenar la violencia. Serían “interruptores de violencia”. El planteo original parte de la idea que la violencia se propaga como una epidemia y debe ser tratada como un fenómeno sanitario. Abreva en Cure Violence, un programa que se implementó en ciudades de EE.UU y América Latina, con dispar éxito. El plan es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Gustavo Leal, ex director de Convivencia Ciudadana del MI habló desde La Diaria de “improvisación y talenteo”; otros representantes, por derecha, también se mostraron escépticos ante el planteo. Con cierta ironía Leal, a quien el oficialismo le tira con la gestión del FA de la que participó, sostiene que ex mafiosos recibirán sueldos de consultor internacional para que persuadan a delincuentes.
Todos los entendidos en la materia, escasamente consultados, narran el fracaso del punitivismo y que no hay salida sin una mirada integral y con involucramiento de la oposición y las organizaciones sociales. Hay que asumir la existencia de una sociedad violenta, observarla desde todos los ángulos y buscar, con gente idónea y amplísimos acuerdos, mecanismos que vayan al intento de superar los delitos que cortan lo más sagrado: la vida misma. Cada situación, como la reciente, nos impacta, indigna y nos moviliza. En la materia el gobierno es mano.
Foto: Prisiones imaginarias.
