DATOS Y RELATOS
José G. Grau
En cualquier análisis sobre municipios y comunidades pequeñas con muy poco espacio para la toma de decisiones propias, con administraciones públicas que repiten inercialmente estructuras y propuestas, faltos de masa crítica y con pocos datos ajustados a investigaciones continuas sobre problemáticas y proyectos, las limitaciones interpretativas son obvias.
Hay todavía un reconocimiento generalizado de un Paysandú de fines del cincuenta, con un pujante grupo de inversionistas locales, gran diversificación industrial, percepción de un crecimiento de futuro sostenible y la construcción simbólica de un orgullo de pertenencia comunitaria. Y también, observando el de hoy 70 años después, un visible consenso en cuanto al ostensible deterioro, achicamiento o cierre de emprendimientos y pérdida de estímulos que impactan en lo socio económico y, un “espíritu de Paysandú” que remite a sentimientos de pretéritas épocas.
Max Neef, un economista alternativo que pone en tela de juicio los excesos del neoliberalismo (concentrador, excluyente y con graves desigualdades socio económicas) propone consistentemente un desarrollo a escala humana que podría repotenciar pequeñas comunidades y reconquistar algún marco de soberanía.
Declive que por otra parte, no puede ser imputado a estos grupos empresariales ni a radicales cambios en la política oficiosa local, sino al cambio de dirección macroeconómica de gobiernos centrales que eliminaron la preocupación por la “sustitución de importaciones” y estimularon un marco de “libre competencia” con la única validez de las “vocaciones productivas”. Y que condujo inexorablemente a la producción de comodities con menor valor agregado y menos empleo.
En esa dinámica desaparecieron o achicaron los emporios fabriles como la Norteña, Paylana, Paycueros o Azucarlito, hoy devenido en una importadora de azúcar, de envasado y distribución, remanente de una agroindustria que llegó a tener más de 4000 productores de remolacha.
Max Neef, un economista alternativo que pone en tela de juicio los excesos del neoliberalismo (concentrador, excluyente y con graves desigualdades socio económicas) propone consistentemente un desarrollo a escala humana que podría repotenciar pequeñas comunidades y reconquistar algún marco de soberanía. Un desarrollo que se refiera a las personas y no a los objetos.
Y además agrega que “las crisis se ven agudizadas por la ineficiencia de las instituciones políticas representativas frente a la acción de las élites del poder financiero, por la internacionalización creciente de las decisiones políticas y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas”.
La debilidad para revertir o al menos enfrentar estas prácticas neocoloniales y los desafíos que conllevan requiere no sólo de coraje y liderazgo político sino también una importante adhesión ciudadana como para fortalecer objetivos de consenso.
La Intendencia es sin dudas el único organismo que cuenta con la legitimación institucional para emitir ordenanzas y regulaciones obligatorias y, no menor, un presupuesto anual de 65 millones de dólares anuales más partidas nacionales y fideicomisos).
Vale la pena contrastar con las mayores empresas del departamento donde acreditan relevantes exportaciones, Forestal Oriental de 242 millones, Cympay 103, y Paycueros con 91 millones en el 2022. La primera, abocada al gran negocio forestal y la celulosa, Cympay proveedora de maltas (un producto intermedio para la elaboración de cervezas) y la industria del cuero dependiente de Sadesa, una sociedad argentina que provee a grandes tapicerías para autos y calzados en diversas partes del mundo.
Tales empresas negocian directamente con el gobierno central donde obtienen en muchos casos todo tipo de facilidades fiscales en pos de “estímulos a la inversión y al empleo” en el territorio nacional, en una ecuación muchas veces discutible.
De modo que estas empresas localizadas en el departamento, con utilidades millonarias y que, efectivamente generan empleo genuino pero acotado, están ajenas sin embargo a todo tipo de imposición desde órganos públicos locales.
La Intendencia queda así abocada a las tradicionales tareas vinculadas a “luminarias, limpieza y cordón cuneta”, y de otras actividades que cierto grado de descentralización puso a su cargo pero de poco impacto en un proyecto integrador
Cualquier modalidad que pretenda programas más abarcativos y supere las debilidades para revertir o al menos enfrentar tales desafíos requiere no sólo de la convicción, el coraje y liderazgo político sino también una importante adhesión ciudadana como para fortalecer objetivos de consenso y empoderarla de una manera real.
Pesa en contra procedimientos y campañas electorales con un uso desmedido de lo mediático, con promesas incumplibles y comportamientos de irreprochable honestidad. La historia, sin ánimo de generalizar, desmiente tales juramentos que, una vez contados los votos se apartan de todo compromiso programático.
Y, aunque se crea y repita de la arraigada “cultura política” de los uruguayos, en rigor hay una extendida ignorancia en cuanto propuestas y objetivos que se presentan a los electores previa a toda consulta (?) y que, seguramente, serían incapaces de recordar siquiera un par de líneas que los candidatos y partidos redactan en ampulosos y farragosos textos. Y donde impera todavía un caudillismo de tv y redes sociales que machaca el slogan y el mensaje emocional.
Y como único “castigo” sancionatorio ante los incumplimientos de las promesas, la posibilidad de orientar el voto en otra dirección. Y cada cinco años.
La importancia del fortalecimiento de masa crítica, transparencia en la información y la participación ciudadana real son, en definitiva bases sustanciales de una mejor democracia.
El sistema eleccionario actual (pos revolución francesa y burgués) canaliza un procedimiento de “representantes sin representatividad” que conduce inevitablemente a la decepción de la ciudadanía y a los bajos índices de aprobación en cuanto a acciones y gestiones del quehacer político. Y que ha desembocado (incluso fuera de fronteras) a bloques bipolares supuestamente antagónicos que se van alternando pendularmente (pues las mayorías son escasas y poco fieles), apelando a seudo ideologías y cuyos propósitos es la disputa del poder y de un protagonismo ajeno al buen gobierno.
Este gobierno municipal reconoce y preconiza la necesidad de la generación de empleo. Su falta “también impacta en el aumento de la pobreza, ubicando e nuestro departamento entre los cinco con mayor incidencia de todo el país, escenario que nos interpela impulsándonos a dejar atrás el letargo y la apatía, para concretar en los hechos medidas que impacten favorablemente en los menos privilegiados”
Y casi como conclusión añade que “la infraestructura vial es un agente determinante en el desarrollo social, económico y cultural de nuestro departamento, constituyéndose como uno de los principales activos a priorizar”. ¿Para las transnacionales? ¿Determinante en lo cultural?
Quizás dentro de esa “infraestructura vial”, también se pueda incluir la proyectada CINTA, una mega construcción faraónica con las veleidades de pretender domesticar un río que se volverá sin dudas, más arisco con el cambio climático.
Paysandú, como ya se anotó, va quedando rezagado incluso comparándolo con municipios aledaños argentinos que cuentan con una diversificada oferta turística, festivales con identidad e infraestructuras al servicio comunitario.
Agreguesé el pobre crecimiento poblacional (absorbido por la macrocefalia montevideana y estímulos de fuera de fronteras en un mundo verdaderamente global lo que conspira contra el buen arraigo), la necesidad de “otra política” más creativa, constructiva y posible, que obliga a romper el molde de la disputa partidaria en una brecha sin sentido, con poco sustento ideológico que a nadie beneficia y donde en rigor Paysandú se juega la vida.
