Cecilia Bottino, legisladora del MPP
El 1° de marzo del 2020, el Presidente Tabaré Vázquez no solo entregó la banda presidencial al electo presidente Luis Lacalle Pou. Dejó un país reconocido a nivel mundial, un país transformado en 15 años de gobiernos progresistas, donde se aplicaron políticas de Estado que atendían las emergencias sociales, habitacionales, de salud, alimentación, educación y de equidad, entre otras.
Lacalle Pou se encontró con un Sistema Nacional Integrado de Salud sólido, con políticas de Género que fueron desarrolladas y consolidadas activamente para lograr la mayor equidad. Recibió un país con pleno ejercicio de los consejos de salarios, los salarios de los y las trabajadoras nunca se ajustaron por debajo del índice inflacionario y lo mismo ocurrió con las jubilaciones y pensiones. Las transformaciones en las empresas públicas, el sistema educativo y el sistema de salud fueron pilares para permitir mayor eficacia y eficiencia, llegando a los lugares más distantes del territorio y a los sectores más vulnerables de todo el Uruguay.
El presidente recibió un país con respaldo de recursos económicos propios y crédito abierto en el mundo, con una matriz energética absolutamente cambiada siendo ejemplo mundial, con una verdadera transformación educativa que habilitó una histórica descentralización universitaria y tecnológica en el territorio nacional. Nuestro país, al igual que el mundo, afrontó durante los últimos años una pandemia que no podría haber superado sin un sólido engranaje estatal y financiero construido varios años antes mediante sólidas políticas públicas y desarrollo económico. Podríamos seguir enumerando realidades que fueron resultado de gobiernos del Frente Amplio.
En la Asamblea General seguramente el presidente presentará datos de una realidad parcial, que se asemeja más a un relato, que difiere mucho del día a día en que vivimos las uruguayas y uruguayos, donde hay pérdidas salariales y en jubilaciones, crecimiento de la inflación y aumento del costo de vida. Este marco se acompaña de un deterioro de los derechos civiles y colectivos, incrementándose en la población más vulnerable. Seguramente en la Asamblea General se hará hincapié en la reducción de la carga tributaria del IRPF y el IASS como gran solución a la compleja situación que vivimos. Este anuncio es cuestionable ya que estos recursos actualmente son necesarios y están dirigidos a los sectores más vulnerables y en particular a la infancia. ¿De dónde saldrán esos recursos que están destinados a estos sectores y actualmente son insuficientes? ¿Qué se va a recortar sin los mismos?
Uruguay es un país de sólido respeto por la convivencia y los valores republicanos, sin embargo siguen existiendo discursos y acciones que van en contra de lo que creemos y queremos para nuestro país. Las promesas electorales resultaron un gran engaño para “comprar votos”, la falta de sensibilidad y empatía impacta en la mayoría de la población.
Hasta el día de hoy no se realizaron anuncios específicos para enfrentar la dura situación que viven sectores muy importantes de nuestra economía y nuestra sociedad. Se anuncian medidas por parte del gobierno como proezas, cuando en realidad arrojan datos preocupantes. Lacalle Pou, cumplido el 60% del período para el que fue electo y quienes él ha dispuesto integren su equipo, están convencidos que vinieron a refundar el país.
Esta coalición está dispuesta a eliminar políticas sociales donde se atendía la situación de los más necesitados, aplicaron recortes en todos los ámbitos de la educación, intentan una transformación en la Seguridad Social que lo que hará es obligar a que la gente trabaje más años y cuando se retire cobre menos. La seguridad pública no mejoró a consecuencia de la LUC, los datos presentados por el Ministerio del Interior hablan de una realidad paralela que se basa en datos de pandemia y sobre los que es muy difícil sacar conclusiones. Vemos con gran preocupación que la violencia de género sigue en aumento y el sistema carcelario está colapsando a causa de las pobres políticas de rehabilitación para las personas privadas de libertad.
Se incrementa el desempleo y la informalidad laboral, no se respetan derechos adquiridos, ni las instancias de negociación que son pilares de la democracia. La situación actual es compleja y preocupante, se perdió salario real y esa rebaja fue aplicada de forma homogénea a todos los trabajadores de todos los sectores. Las jubilaciones y pensiones siguen cayendo producto de una política reduccionista, que busca ajustar el ahorro del gasto y no la inversión. Las políticas de empleo “momentáneo” explican en parte la recuperación del empleo al igual que obras puntuales y de corta duración. Esto no es lo que las familias necesitan. Faltan políticas de empleo genuinas que aporten estabilidad y seguridad y no falsas esperanzas y sostenes efímeros. Hoy más que nunca son las y los trabajadores quienes sostienen a nuestro país. Lo sostienen en los esfuerzos colectivos, todos y cada uno de los días, en la solidaridad y en la unión, demostrando una vez más que esa es la fuerza que sostiene, la de las luchas colectivas, la del pueblo unido. Son las y los trabajadores organizándose en la lucha, en las ollas, en los emprendimientos colectivos quienes devuelven desde la dignidad y entereza a un mundo hostil.
El presidente dijo que había que apoyar a “los malla oro”. Si lo estará haciendo que en plena pandemia han multiplicado sus fortunas, dineros que no invirtieron en el país sino que están depositados en cuentas bancarias de otras latitudes. Récords de exportaciones, pero ni un solo peso o dólar volcado en Uruguay para brindar un desarrollo a quienes más lo necesitan. Las y los uruguayos pasados ya tres años siguen aguardando el “derrame” tan prometido.
Nuestro departamento y quienes lo habitamos, al igual que muchos otros, atravesamos un período de incertidumbre. Resulta evidente que la pandemia del COVID-19 profundizó la pérdida de competitividad en las zonas fronterizas, trayendo consigo un detrimento de la calidad de vida de sus habitantes. El cierre de fronteras afectó de manera directa a muchos de sus factores estratégicos, algunos de los cuales se sustentan a través de ese intercambio de bienes y servicios entre los países limítrofes. El panorama de inestabilidad para las empresas ubicadas en los departamentos fronterizos, tanto con Argentina como Brasil, aún pasada la pandemia no cambia.
No existe y no se han adoptado medidas por parte del Gobierno para regular la reapertura de la frontera y afrontar las consecuencias socioeconómicas que surjan. Junto a la mala gestión de nuestro recurso portuario, entre otros, posicionan a Paysandú con el triste porcentaje del casi 11% de hogares bajo la línea de pobreza con una tasa de actividad y empleo que se encontraba por debajo del promedio país, 56% y 48,9%.
Un modus operandi de “recortes presupuestales”, que se generaron en todos los pilares de una sociedad, que son el reflejo de un modelo político que favorece la concentración de riquezas y perjudica las condiciones de vida de las mayorías. Es evidente la desidia y el poco apego a los más vulnerables, cuando hay en Paysandú CERO proyectos en viviendas, CERO proyectos en obras públicas por parte del gobierno nacional.
Como corolario de toda esta embestida, el descubrimiento de la mayor y más grave e histórica corrupción institucional dispuesta en el 4to piso de la Torre Ejecutiva. Quienes integran, junto al Partido Nacional, la llamada coalición que gobierna, ¿no tienen nada para decir de toda la trama descubierta? ¿No piensan que es inaudito imaginarse que nadie sabía lo que estaba ocurriendo y que no hay responsabilidades que asumir? Hasta la Justicia hoy se ve cuestionada, siendo un poder independiente, dejando dudas en el accionar de la investigación en proceso. Esta situación deja hoy a nuestro país en la mira del mundo como un país corrupto y poco confiable. Nos preguntamos ¿Qué consecuencias internacionales tendrá esto para Uruguay?
Al gobierno le resta cumplir el 40% de gestión. Sería más que preocupante que continúen brindando datos irreales, que nieguen la multiplicidad de ollas populares, que maquillen y traten de disimular el deterioro social, la pobreza y la inseguridad que se vive. Que sigan impidiendo que la prensa les pregunte, eso es coartar libertades de expresión y de trabajo, estamos viviendo en democracia y sabemos a las claras lo primordial de la información.
El 2023, es año preelectoral, es un momento bisagra, se plantean estrategias para las elecciones del 2024. Como individuos tenemos que lograr discernir entre las propuestas reales de los relatos, tenemos que ser capaces de interpelar a nuestros gobernantes y decidir qué clase de país y sociedad queremos. Hoy a tres años del gobierno del Partido Nacional, la intención de voto se incrementa hacia el Frente Amplio. Esto representa un indicador de que políticas de gobierno prefieren la mayoría de los y las uruguayas. Nuestra fuerza política, republicana y democrática, asume y asumirá un rol propositivo para brindar una alternativa. Sin dejar de marcar un límite entre las injusticias y desigualdades, no importa su procedencia.
Se cumplen tres años de haber asumido el gobierno Luis Lacalle Pou. Un Gobierno que nos prometió los mejores cinco años de nuestras vidas, seguimos esperando.
