Escribe Darío Rodríguez
Los partidos que se presentan a cada elección, en este caso departamental, presentan sus propuestas a la ciudadanía y luego, el que gana, establece su propuesta presupuestal; buque insignia de cada gestión.
Es muy relevante el rol que puede cumplir cada Intendencia en lo relativo al acceso al suelo, democratizando el mismo, y apoyando las políticas públicas de Vivienda. Son la policía territorial y quienes planifican el desarrollo de los territorios.
En su presentación presupuestal, en lo relativo al planeamiento urbano, el intendente Olivera se comprometió a “gestionar y consolidar la Cartera de Tierras (CT) de la Intendencia Departamental, permitiendo la instrumentación de los diversos programas de vivienda y otros, impulsados por el Gobierno Departamental y Nacional”.
Desde la gestión del intendente Álvaro Lamas, existe un decreto de la Junta Departamental que creó dicha cartera, que es letra muerta, y debería actualizarse. Es difícil sostener, como se plantea desde Vivienda, “mejorar las condiciones habitacionales del departamento, atendiendo a las familias de bajos ingresos y en situaciones irregulares. Fortalecer la inclusión social de manera de evitar la generación de nuevos asentamientos y la precariedad habitacional. Continuar con las relocalizaciones de zonas inundables y/o contaminadas generando nuevas propuestas constructivas” sin contar con una CT y Fondo Rotatorio. El instrumento, facilita planificación, engarza con las organizaciones y evita la discrecionalidad y los amiguismos, siempre presentes.
Las Intendencias son uno de los primeros lugares que un vecino/a con problemas habitacionales toca la puerta.
En el propio Fideicomiso Paysandú II, de hasta 25 millones de dólares, se previeron 2.4 millones de dólares para comprar tierra.
Al inicio de su gestión el actual jefe departamental le dijo a la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) del MVOT que avanzaría sobre políticas “que contemplen las diversas problemáticas que exhibe el departamento, desde la regularización de algunos asentamientos hasta la generación de nuevos complejos y el abordaje de situaciones de emergencia”.
El fideicomiso nacional (240 millones de dólares, algunos sustraídos al cooperativismo) con el cual el gobierno piensa regularizar asentamientos o relocalizar vecinos determinó que la Intendencia sanducera haya adquirido un predio para ubicar al barrio Antena 35; siempre olvidado. Los trabajos comenzarían en el próximo semestre por lo que atender los otros cuatro seleccionados (Espinillo, Bajo Curupí, Nueva Antena y Parway-Sacra) superará la actual administración. El programa en cuestión, al final del día, atenderá, 270 hogares.
En el propio Fideicomiso Paysandú II, de hasta 25 millones de dólares, se previeron 2.4 millones de dólares para comprar tierra. El instrumentó CT hace al derecho a la ciudad. Hay que cuestionar, por lo excluyente y costoso, seguir estirando la trama. De ahí a impugnar también los barrios privados.
Es útil aclarar que la CT atendería cooperativas de vivienda y otros programas en todo el departamento. En Quebracho, por citar un ejemplo, está complicado el acceso a un terreno.
Por lo que la concreción de un Fondo Rotatorio alimenta el propio instrumento, pues cada terreno adjudicado se paga y posibilita nuevas adquisiciones.
El proyecto en la Ex Paylana, con una cooperativa habitada, tres en construcción y cuatro en espera, es una muestra de lo que puede generar una CT, plasmada en un decreto departamental. Hoy las cooperativas pagan lo acordado (unos 250 mil dólares por terreno, aproximadamente) y la Intendencia, una vez recibida cada paga determina a su arbitrio el destino del recupero.
Por otra parte, en la Ex Paylana la Intendencia tiene que acelerar, destinando recursos y técnicos, la implementación del proyecto urbano comprometido a las cooperativas y las 300 familias involucradas. Haber constituido una comisión de seguimiento con las gremiales y las cooperativas es un avance, pero se requiere otro dinamismo y compromiso.
De todos modos, con el mencionado proyecto asistimos al mejor uso de la trama urbana consolidada sin continuar con la expansión sine die de la ciudad. Hay que tener en cuenta que muchas de las familias cooperativistas salen de asentamientos o viven, en la previa, en condiciones indecorosas.
Es esperable que desde la Junta Departamental se tomó el guante y se trabaje, en consulta con las distintas organizaciones, la CT. Esta es, al igual que el prometido edificio para el CHAFMAN, un debe de la actual administración.
En la medida que no exista demanda…difícil para sagitario.
