Director aseguró que clasificadores quedarán sin trabajo
En la edición del pasado 11 de mayo, 200nce trató el tema del cierre del vertedero y la construcción, en proceso, de una planta de disposición final de residuos domiciliarios. Allí se mencionaba la existencia de una ley (19.829), del 2019, que da marco a estos cambios y, entre otras cuestiones, dentro de sus 10 ejes, figura la “inclusión social y formalización del sector”.
En dicha nota se aportaba información, se daba cuenta de la reciente visita del ministro de Ambiente, Robert Bauvier, y del subsecretario, Gerardo Amarilla al predio donde se monta la planta y se preguntaba si la Intendencia cumpliría con la inclusión social de más de 100 personas que viven del vertedero.
Curiosamente, la respuesta no la dio la Intendencia, tal vez abrumada ante tantas tareas que impiden suministrar información de interés público. Indirectamente la contestación vino de la mano del director edil oficialista del Mides Ignacio Ifer.
Luego de la denuncia de Cecilia Botitino en la Cámara de Diputados, señalando la existencia de familias con “hambre” en Paysandú y la ausencia de prestaciones y falta de canastas, -durante la pandemia se volanteaban-, el director edil tuvo que salir al ruedo. Lo hizo, confundiendo lo institucional con lo partidario, en un local de su sector.
El funcionario expresó, al parecer desde cierta sorpresa que “no puede ser que haya hambre, (bastaría darse una vuelta por los barrios periféricos) hay que buscarle alguna solución para que esta situación tan terrible se pueda rever y que alguna prestación social el MIDES tiene que encontrarle”.
De hecho, aclaró, siendo una primera información de alguien vinculado a la gestión de la Intendencia, “que estas familias trabajan en situaciones muy precarias, varias de ellas en el vertedero municipal y van a quedarse sin trabajo porque el vertedero va a tercerizarse”. Clarito. El cierre del vertedero y el funcionamiento de una nueva planta de tratamiento de residuos domiciliarios, -habría que examinar las cuestiones técnicas-, se hará sin cumplir la ley. Esto es, no habrá inclusión social en un departamento con 6.300 desocupados, sin contar trabajadores informales sin cobertura social alguna y los más de 7.300 inscriptos en los jornales solidarios para cubrir 437 cupos.
Evidentemente la jactancia de ser un partido político con una patria con “dignidad arriba y regocijo abajo”, se asemeja más a mala literatura.
Con una oficina departamental del Mides de hecho, con tres directores, para poder absorber tanto trabajo que determina fundición de vehículo, usos discrecionales y una camioneta sin utilizarla como oficina móvil, haría bien la oposición política y la ciudadanía en poner foco en dicha gestión. No es admisible que un director sostenga “que no hay hambre (basta salir a los barrios) y si es así me llama la diputada”. Tal vez, ante que escale y se visibilicen otros problemas, el Ministerio pueda revisar la triple conducción existente.
