DD.HH.
Escribe Darío Rodríguez
Fue notoria su ausencia. El presidente de la República optó por delegar en la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, la conducción del acto de asunción del Estado de la responsabilidad en relación al asesinato de las “Muchachas de Abril”, militantes del MLN-T y de la desaparición de Oscar Tassino, militante sindical de UTE y Luis Eduardo González González (PCR). El evento se realizó tras sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el pasado 15 de junio; casi una semana después de haber encontrado un cuerpo en el batallón de Infantería 14 en Toledo.
La ausencia del presidente hay que asociarla al desplante del partido militar, Cabildo Abierto, -defensor de los represores durante la dictadura cívico-militar- y al papel que viene cumpliendo el ministro de Defensa Javier García; empeñado en confrontar con el FA y su política en materia de DD. HH. en el pasado reciente.
Desde el Senado CA defiende a militares y civiles procesados por criminales, cuestiona a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y ha presentado propuestas para torcer el accionar judicial. A esto hay que agregar el intento de reinstalar la ley de Caducidad (impunidad), la iniciativa para reparar a víctimas de la guerrilla, equiparándolas a las del terrorismo de Estado y empujando una ley de prisión domiciliaria, notoriamente beneficiosa de los presos de la Cárcel de Domingo Arena, -terroristas que no están hacinados-, que el Partido Nacional la maquilló para hacerla más digerible.
Hace algunos años, Lacalle Pou Herrera Brito del Pino, había expresado que de ser presidente dejaría de buscar los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Es cierto que luego se retractó y dijo que había sido su mayor error político. Cada uno juzgará la credibilidad del dirigente herrerista.
La ausencia del presidente en el acto de reparación, naturalmente, admite múltiples lecturas; una de ellas pudo haber sido no disgustar a Cabildo Abierto; colectivo que necesita el Partido Nacional para gobernar. En su sentida intervención, en el acto reparatorio del jueves 15, Karina Tassino, hija de Oscar Tassino, -representando a los familiares de detenidos-desaparecidos-, cuestionó la ausencia de Lacalle Pou y sus palabras erizaron y resonaron vibrantes en la augusta sala. Las supuestas explicaciones del presidente no dan ni para comentarlas. El ausente es el mismo que dijo creerle a un amigo senador, desaforado, acusado de explotación sexual de menores.
En el barro
Desde su asunción, 2 de marzo del 2020, al frente del Ministerio de Defensa, el médico, no pediatra, Javier García, se planteó en línea con la política definida en su partido, confrontar con la oposición en materia del pasado reciente. En sus mediáticas apariciones, García sostiene que la misma se caracteriza por la transparencia, colaboración y verdad.
Uno puede colegir, que las dificultades para dar con los detenidos desaparecidos, está marcada por la salida negociada con los militares y el pacto de silencio entre los principales involucrados en el terrorismo de Estado. En el posicionamiento del gobierno, sembrando dudas sobre el accionar del FA -al que se le pueden cargar algunas inconsistencias-, no se puede obviar la entrada a los cuarteles, la revisión de la ley de caducidad, defendida por muchos integrantes del actual gobierno siendo oposición, diversidad de juicios y procesamientos de militares, el encuentro de 5 desaparecidos y otras actuaciones en búsqueda de verdad y justicia incluyendo constitución de organismos y desarrollo de reparaciones con fuerte valor simbólico. Ello se ha dado en el marco de operativos de enchastre, tirar “carne podrida” y de inteligencia para sembrar desconfianza, desmoralización y confusión desplegada desde las sombras por los miembros de los aparatos represivos.
En su afán de desautorizar la actuación del FA, García dice a la prensa que el primer mojón en la materia fue la Comisión para la Paz creada durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) Sostiene que responde con asiduidad pedidos de información, se reúne con las organizaciones de derechos humanos, como si fuera una concesión, y que prueba de la política en la materia es el envío de un proyecto de ley para hacer público los archivos (Berrutti) de la dictadura. Conocida la iniciativa, la oposición señaló algunos recaudos que habría que tener, por ejemplo, librar actas/testimonios de interrogatorios bajo tortura y tormentos. Un ágil García espectó que “la oposición tiene un fundamento para no hacer públicos los archivos. Puede haber información que la comprometa” completó al semanario Búsqueda el jueves 1 de junio. Cuando lo apuraron dijo que no puede demostrar lo que supone. No parece muy responsable, en un tema de altísima sensibilidad.
No obstante, se lo acusa de tener un doble discurso. García sostiene que entrega toda la información que le solicitan, pero se escuchan voces que lo contradicen. Esas voces dicen que debe exigir la información existente y, si de verdad ejerce el mando supremo, -con menos gárgara-, reclamar archivos del OCOA (organismo coordinador de operaciones antisubversivas) y del Servicio de Información y Defensa; entre otros.
El mismísimo ministro, ante solicitud para que entregue el documento sobre detenidos desaparecidos elaborado por los generales Carlos Díaz y Pedro Barmeix en el 2005, adoptó como respuesta, sin entregar información, alimentar confusión y atacar a los gobiernos anteriores. Samuel Blixen, periodista vinculado al proyecto Cruzar de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), desde Brecha, edición del 16 de junio, señala la inconsistencia del ministro. García aduce que “el documento no está (en su cartera) por que fue entregado a la presidencia de T. Vázquez”. El periodista comenta que “no hay ninguna evidencia de que un documento de esa envergadura e importancia haya desaparecido”. La confusión estriba en que el documento solicitado, no es el que entregó, tomando como insumo el de los generales citados, Bertolotti a Vázquez. El requerido es el de la dupla Díaz-Barneix al comandante. Con sentido común, el periodista da la solución: “uno es reclamar el documento a Presidencia, otro es preguntarle al general retirado Bertolotti donde dejó el documento de los generales Barneix y Diaz”.
Cuando el gobierno daba los pasos para difundir el archivo Berruti, ya conocido, (fruto de una decidida acción de la primera ministra de Defensa del FA que incautó dicho material ubicado en el cuartel de instrucción de oficiales de la reserva del Ejército) desde un sitio web (Archive. org.) fueron publicados los rollos microfilmados del mismo. Es obvio el operativo implícito en la divulgación de tal material. El gobierno, tras un prolongado silencio, dice que investigará la filtración. La divulgación se hizo un día antes de la reparación ordenada por la CIDH.
En el pueblo uruguayo, -expresado con más vigor cada 20 de mayo- como sostuvo uno de los integrantes de Familiares de detenidos desaparecidos existe la convicción de continuar la búsqueda y exigir que los militares entreguen información y el gobierno revise cada una de las dependencias militares. La información está y debe exigirse.
El integrante, reelecto, del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Taylor, dijo a Brecha (16.6.23) que “se necesita una política nacional de revisión de archivos militares, tener un equipo de gente que trabaje con los investigadores de la Institución, que vayan sistemáticamente revisando archivos a ver si aparecen elementos de interés”.
Sabemos que están ahí “y los vamos a encontrar a todos” dijo, días atrás, desde sus entrañas un miembro de dicha organización. Aún resuenan las palabras de Karina Tassino, a propósito del encuentro de huesos de lo que sería el sexto descubrimiento: “sos tu papá”.
