La anuencia que cuatro ediles del FA dieron, al margen de la decisión de la Mesa Política (aunque esto también se discute), a la propuesta del intendente para contraer un préstamo por 6 millones de dólares para completar financiación del edificio universitario, selló quiebre en la izquierda local y -desde una posición de poder-, implicó un triunfo de Nicolás Olivera y del gobierno nacional. Aunque la casa aún sigue humeando, conviene detenerse y analizar cómo se fue fraguando el quiebre verificado a nivel de las cúpulas sectoriales.

 

La descentralización universitaria tuvo un desarrollo sostenido durante los gobiernos del FA, particularmente durante la segunda administración. La formación universitaria, con toda la inequidad que significaba, era un fenómeno netamente metropolitano. Tal expansión, como todas en materia educativa, requiere decisiones y recursos. Ambas cosas se juntaron durante los gobiernos frenteamplistas. Ahora, la UdelaR, en términos de compra, dispondrá de menos recursos. El gasto real se redujo un 6% respecto al 2019 pese al explosivo crecimiento matricular. En lo salarial el recorte en el trienio trepa a 42 millones de dólares. Como hemos dicho reiteradamente, el gobierno que encabeza Lacalle Pou Herrera Brito del Pino está de espalda al interior.

 

El crecimiento matricular de la UdelaR en esta zona del país, particularmente en Salto y Paysandú, demanda construir infraestructura. En Paysandú, en 2017 ingresaron 915 jóvenes; 6 años después el número trepó a 1.682. Al año pasado se contabilizaban 7.196 estudiantes activos. Si incorporamos otras formaciones terciarias (no universitarias) nos encontramos con un 34% de jóvenes que, en su familia, son primera generación de universitarios. Un salto democrático enorme. Esto no ha sido obra de la casualidad.

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