Otro caso bajo sospecha

Escribe Darío Rodríguez

Es cosa sabida: el gobierno clausuró, utilizando la figura monárquica del veto presidencial, la solución por la cual los trabajadores, -médicos y no médicos-, de la cerrada mutualista Casa de Galicia cobrarían sus créditos laborales.

La saga señala que en octubre del año 21 la mutualista fue intervenida por el MSP, un mes después fue a concurso y cerrada por la Justicia el 31 de marzo del 22.  En el proceso sucedieron un sinfín de cosas, entre ellas cierta disonancia sindical que impactó en el proceso.

Tras el cierre de la mutualista, el gobierno se abocó a constituir un fondo de indemnización por un monto de 8 millones de dólares para cubrir deudas de los trabajadores que quedaron sin trabajo, siendo que los funcionarios tenían 42 millones, de la misma moneda, a su favor para cobrar.  No fue la única medida. Hubo traslado de pacientes a otras instituciones y redistribución de funcionarios; cuestión que las empresas mutuales se manejaron a su antojo.

Coalición se fisura

Un acuerdo entre el FA, Cabildo Abierto y los senadores Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo y Juan Straneo (suplente de Juan Sartori) incrementó las cifras para cubrir los créditos laborales. Estos habían señalado que con los 8 millones de dólares cada trabajador se iba para su casa, en muchos casos sin su fuente laboral, con 174 mil pesos. Por ello, el acuerdo legislativo llevaba el fondo a los 30 millones de dólares.

Ley mediante, los legisladores, tanto del FA como de parte de la oposición, resolvían que los créditos laborales se atendieran con el Fondo de Garantía del BPS; hoy con unos insuficientes 10 millones de dólares. Como el mismo atiende otras empresas quebradas o en concurso, se lo reforzaría desde Rentas Generales.

El gobierno vetó 3 artículos que tenían que ver con el monto asignable, muy superior a los 8 millones de dólares previsto por el Ejecutivo. El gobierno fundamentó su veto sosteniendo que la ley aprobada violaba los artículos 8 y 86 de la Constitución y que, económicamente, era inoportuno. Habló, en un intento de poner a la sociedad y sus pares, contra los ex trabajadores de Casa de Galicia, que los legisladores pretendían crear “un sistema de garantías de los créditos laborales específicos para los ex trabajadores…(…)… y  en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados; además, con “plazos breves y perentorios para el pago”. Los asesores económicos y el inquilino del Torre Ejecutiva, despegados del día a día de la gente, creen que se puede esperar el cobro de un despido sine die, -estando sin fuente laboral y, tal vez con cierta edad-, cuando a ellos les quede bien.

El gobierno, que dice tener cuidado con los dineros públicos es el mismo que entregó entre 16 y 20 millones a los canales privados de Montevideo y milita para que sean resarcidos por la cesión de espacios gratuitos durante el periodo electoral. O el que giró 200 millones de pesos a Salto Grande, esa suerte de Ducado, para dar continuidad laboral a unos 36 correligionarios, varios de ellos ediles, -punteros políticos-, que entraron rompiendo “vidrios y ventanas”. El propio presidente Lacalle Pou Herrera Brito del Pino se hace el distraído y no fuerza las renuncias de los acomodados, como pidió el Parlamento, incluyendo a los tres delegados de Uruguay.

Foto de El Observador

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