Patrones de estancia
El Partido Nacional (PN) que, desde el hegemónico herrerismo, conduce el gobierno nacional sabe que su suerte electoral se juega en el interior y, a tales efectos, tendrá que relatar (y mostrar) que no ha estado de espaldas al interior y que tiene apego al encuadre institucional.
En las últimas semanas (con apariciones en varios medios) quedó establecido que una de las cartas que va a jugar será la del ministro de Transporte y Obras, el empresario transportista y ex intendente de San José, José Luis Falero. En el cerno del equipo del inquilino de Torre Ejecutiva se definió la continuidad de Falero para que este funcionario relate (y en ocasiones muestre) el schock vial que habrían generado.
En sendas entrevistas en el semanario Búsqueda, Falero señaló las bondades de las políticas desplegadas y de la inversión generada, pensando en la producción y el interior. Siempre deslizando críticas, no tan furibundas, como otros correligionarios, a la oposición.
A la tribuna
En la edición del 25 de enero del citado semanario habló de las distintas obras, y de los mecanismos de financiación. “En este período vamos a estar ejecutando 3.600 millones de dólares. Solo el año pasado fueron 1.200, fue histórico”. Cuando se le preguntó que el endeudamiento de los 900 millones de dólares queda para el próximo gobierno, Falero la tiró a la tribuna del Casto Martínez Laguarda. “Lo que es un dato importante, manifestó, es la inversión que el Estado uruguayo hace por año”. Nuevamente, dato y relato.
La gente del interior sabe que el gobierno no ha desarrollado políticas específicas; particularmente vinculadas al empleo. En los departamentos limítrofes, la desocupación agobia y no existen, pese a insistentes pedidos de distintos actores, políticas de frontera. Se espera mude la situación cambiaria con Argentina. Río Negro tiene la tasa de desempleo más elevada y Paysandú, por ejemplo, ve crecer la inseguridad al igual que Durazno, que tras la culminación de la obra de UPM II, entró en crisis.
Pese a lo medular que es el acceso a la formación universitaria, el gobierno retaceó recursos para levantar la nueva Sede en Paysandú y crear el Cenur del litoral oeste (Colonia-Soriano) Ambos desarrollos, a los que luego el gobierno se sube, son posibles por la voluntad política de la UdelaR que hace malabarismos (“desviste un santo para vestir otro”) con la menguada asignación presupuestal. No hay planes regionales que posibiliten crecimiento y afincamiento de la gente en los territorios. Sobreabundan los anuncios. Eso sí, continúan las viejas prácticas clientelares, casos de corrupción y vicios que deslegitiman la democracia.
Los vecinos del litoral, masticando bronca, ven como Salto Grande (SG), ha servido para colocar correligionarios, rompiendo ventanas y, que el dirigente del riñón de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino, Carlos Albisu, es hoy, sin hesitación, candidato a la intendencia del departamento vecino. Decisiones del poder legislativo pidiendo el cese de unos 36 acomodados, ediles en su mayoría de la herrerista 404, no se cumplen. El presidente funge de comentarista, dejando que corra la situación de escandaloso acomodo, mientras la pobreza golpea.
Mega escándalos
El escándalo de SG, -que no es otra cosa que consuetudinarias prácticas clientelares-, no termina de generar una fundada indignación. En el lugar, el acostumbramiento adormeció la mirada crítica de la gente. Con desfachatez, algún connotado dirigente político, viejo lobo de mar y habitué de tales prácticas, habló con cierto oportunismo que SG era “un Ducado”.
Tanto en esta binacional, donde los delegados uruguayos reparten recursos, sin más criterios que los propios, alimentando campañas electorales, está el caso de la CARU; que pasó inadvertido. Escapó al radar. Salto Grande mutó, sin la presencia del FA, a un coto de caza de la 404 y la CARU de Alianza Nacional.
En CARU supimos que Carlos Mata, el diplomático que aparece nombrado por el ex canciller Francisco Bustillo en los audios de Carolina Ache y vinculado al expediente destruido por el ex asesor presidencial Roberto Laffluf, en el episodio Marset, era a la vez asesor de SG y CARU. La gente preguntaba cuando dormía, en su fino e inalienable compromiso con el país. Recientemente lo premiaron como representante ante la ONU. Con tranquilidad, sellando un nuevo compromiso con Uruguay, viajó a Ginebra. ¡Como negarse!
El mismísimo doctor Carlos Mata intervino en la confección de las bases que pretendían habilitar que quienes entraron de asesores en la CARU pudieran concursar para quedar como personal permanente. ¿Adivinen de qué signo político eran los asesores?, Bingo!
A poco de comenzada la nueva gestión en la CARU, sin la presencia del FA, ingresaron 20 correligionarios ávidos de servir a la patria. La salida del ex alcalde de Quebracho y ex candidato a la IDP, escribano Mario Bandera, -denunciado por violencia de género- dejó vacante un apetecible cargo remunerado con 5.000 dólares mensuales. Sin ruborizarse, en abril del 22, los correligionarios discutían públicamente si colocar a Jorge Larrañaga Vidal, hijo del extinto Jorge Larrañaga Fraga, o si optaban por el contador Alejandro Mega, edil suplente y por entonces Inspector de Contrato en la Unidad de Personas Privadas de Libertad (UPPL) número 1 de Punta de Rieles. La versatilidad de los correligionarios es amplísima. Mientras tanto, el pueblo anda y arde en las calles.
Impresentable
Bandera era el encargado, por esos pocos pesos, en tanto asesor jurídico, de realizar la agobiante tarea de revisar protocolos y cuestiones estatutarias. No sabemos si precisaban un asesor contable, pero la pulseada la ganó el contador Alejandro Mega que, desde la Junta Departamental (JD), pese a ser suplente, defiende con ardor la gestión Olivera. Tanto ardor pone en la defensa de la gestión departamental que fue decisivo para que, vulnerando garantías, se sumariara una funcionaria del deliberativo por el “delito” de solicitar a la subidrectora de Administración de la IDP, contadora Andrea Bottesch, vía mail institucional, que enviara versión digital del expediente (versión papel ya estaba en Comisión) del Balance Contable de la 55 Semana de la Cerveza. Cambiaba solo el formato. Bottesch envió “tres planillas sueltas con números que no coincidían con el expediente original” señaló una fuente consultada. Era tal la desprolijidad que “ya había tres versiones diferentes de los números del balance” recordó la fuente. Ese 13 de abril del año pasado, en plena sesión de la Comisión de Hacienda y Cuentas, Mega destrató a la funcionaria administrativa. Tal vez fue el atajo para dejar indemne a la correligionaria subdirectora de Administración que envió cualquier cosa.
No ayuda a la transparencia institucional que el PN obvie la presentación de información sobre las últimas ediciones de la semana de la Cerveza. La administración resiste aportar información a los ediles de la oposición, genuinos representantes de la ciudadanía.
En lo macro y en lo micro, -tal vez con más cuidado en lo nacional-, se gestiona de la misma forma: violentando normas, reiterando prácticas clientelares, con cierto desapego institucional. Una desprestigiada JD es la quintaesencia de lo que planteamos. Allí reinan los acomodos e ignoran las normativas. Es otro país. Tras liderar la sanción a la mencionada funcionaria que, inicialmente se “comió” un sumario, con retención de medio sueldo durante 6 meses, separación de cargo, más 10 diez días adicionales de suspensión sin goce de sueldo, además de otras pérdidas salariales asociadas, los ediles del PN parecen ignorar los impactos económicos y emocionales de la severa sanción. Fuentes consultadas señalan que el propósito final es que la funcionaria renuncie. La variante, con el mismo fin, sería destituirla tras acumular deméritos y sumarios. Los medios sueldos retenidos debieron ser reintegrados cuando la funcionaria volvió a su función, a finales de noviembre. Su reintegro duró lo que un lirio. ¡Volvió a ser suspendida por hechos acaecidos en el…21! Con numerosos recursos administrativos se pretende subsanar la arbitrariedad, aún sin éxito.
En su momento, lo que fue letal, la funcionaria denunció, utilizando el protocolo de actuación frente a situaciones de acoso y violencia de la JD, al contador Alejandro Mega. Este, con un cargo de designación directa en el Ministerio del Interior y ex asesor en materia tributaria de la Intendencia de Río Negro entre julio 2005 y abril 2015, aterrizó en la corporación en calidad de suplente. La denuncia nunca fue tratada, se archivó. Las garantías, a la papelera. Un connotado y verborrágico ex presidente de la corporación, durante una media hora, -tal vez en un extremado rapto de sinceridad- quise persuadir a la funcionaria para que retirara la denuncia, aclarándole, tal augur, que con el edil suplente implicado, nada pasaría. La teoría del bueno y el malo. Este mismo edil, era el que escribía, el 2 de noviembre, en su cuenta de Facebook, “hoy quienes somos parte de las Instituciones de gobierno debemos decir claramente que no nos gusta lo que lo ha pasado y también decir que la actitud de algunos compañeros no han sido las correctas”. ¿Se expedía sobre la actuación de la JD? No, hablaba de la actuación del PN en el caso del pasaporte entregado a un narco “peligroso”.
Muchos señalan que se está en presencia de un caso claro de “hostigamiento y persecución”. Esto no es una actitud aislada, dado que el PN tiene mayoría en cada Comisión y en el Plenario. Esto desnuda un proceder institucional que tiene su correlato en años de sistemática práctica. Es una conducta institucional.
Estas vetustas prácticas, que están matrizadas y ocurren a lo largo y ancho del país, son una forma de gestión que prescinde de garantías y se alimenta de cierta pasividad de la gente y sus instituciones.
Tal vez, una oposición local que por distintas circunstancias está bloqueada, sin estrategia y carente de liderazgo local, que no puede capitalizar estas prácticas antidemocráticas, explique, en buena medida, cómo los correligionarios se mueven en el interior del país a sus anchas tal “patrones de estancia”. A veces, las mentadas cercanías y cierto provincialismo, parecen obstruir actuaciones políticas. En otro contexto y circunstancia, la oposición política y social, se estaría haciendo un picnic.
