Simuladores
Escribe Darío Rodríguez
Desde que el mundo es mundo, los gobiernos, más allá de los relatos y discursos que formulan, dicen velar por el bienestar del pueblo. En nuestros sistemas democráticos representativos, en cada ocasión y en las campañas electorales, nadie escuchará a candidato alguno decir: “gobernaremos para los ricos” o “gobernaremos contra el pueblo”; lo que en definitiva se hace. Cada partido representa intereses económicos, sectoriales, clases sociales y quienes lo hacen para los más acomodados, tal el caso del herrerismo y su coalición, cuenta a su favor, con una ingeniería constitucional, legal, económica, ideológica, que naturaliza el statu quo que hace cuesta arriba salirse de tal encuadre.
A la descripción anteriormente señalada conviene ilustrarla con ejemplos que hagan asequible la comprensión.
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Resolver el tema de la pobreza, particularmente infantil (de 0 a 6 años), -la cual aumentó del 17 al 20.1%-, requiere políticas específicas, coordinación interinstitucional (no como ahora que los pocos recursos se ejecutan mal y tarde), evaluaciones y…recursos económicos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) develó, que solo tomando en cuenta los ingresos, hay 348 mil ciudadanos en la pobreza.
Todos los partidos dicen que van a propender a resolver el asunto ya que la infancia es el presente y el futuro. Se podría agregar el hecho, largamente verificado, que la polarización social que esto genera termina en más violencia, caída en adicciones, discriminación y estigmatización de los pobres y miles de jóvenes en las cárceles.
A la hora de hablar de los recursos económicos, los discursos sostienen que “son escasos”, “que la frazada es corta”; sin embargo, los dueños del poder cuentan con todas las condiciones para seguir acumulando riquezas. Mientras se hace el discurso de la escasez, se continua con una ley de inversiones que da todas las condiciones al gran capital en detrimento de los más jodidos.
Bajo el supuesto que había que generar condiciones apropiadas para que la inversión, particularmente extranjera fluyera, el gobierno conducido por Julio María Sanguinetti creó en los albores del 1988, la ley de Inversiones y Promoción industrial.
Los aspirantes a un conjunto de exenciones que brindaría la sociedad, debían cumplir una serie de requisitos: generación de empleo; descentralización; aumento de exportaciones; utilización de tecnologías limpias; incremento de investigación, desarrollo e innovación. Desde entonces se dieron exoneraciones sin posteriores controles. ¿Qué gran proyecto vino al norte del país?
Entre enero y octubre del año pasado las exoneraciones de IRAE, Impuesto al Patrimonio, IVA, tasas y tributos a la importación de activos alcanzaron los 917 millones de dólares. en el 2007, entre 74 proyectos se exoneraron 485 millones de dólares; en el 2022, al apoyar 708 proyectos la sociedad renunció a 1.194 millones de dólares. El gobierno, al decidir renunciar al cobro de impuestos y tributos, renunció, de paso, a los controles previstos.
Con la ley de Inversiones se benefició Pedidos Ya. A dicha empresa se le perdonaron unos 5 millones de dólares y, en contrapartida, -recientemente-, despidió 257 trabajadores. Similar comportamiento han tenido Fármaco Uruguayo, Tienda Inglesa Punta Shopping, Riogas, Acodike, Curtiembre Paris, Desarrollo Verdes SA, Cujó, Frigorífico Carrasco, Montevideo Refrescos, ISUSA, Arrozal 33; entre otras.
Observamos el anunciado cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas y la consiguiente respuesta de los trabajadores a la medida. La posible solución vendrá por el lado de darles más beneficios: tributarios, energéticos, etc. A nadie se le ocurre pedir que abran los libros para ver si no pueden achicar las utilidades. Los recursos siempre los ponen los pobres, los que resignan bienestar.
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Estas actuaciones requieren el apoyo de los “aparatos ideológicos”, léase los medios de comunicación y otras herramientas. Por ello para encubrir estas políticas contra la gente, hay un intento de naturalización, de marcar la imposibilidad de modificaciones profundas.
A fines de la gestión anterior, estaba listo el sistema integral de control de transporte de cargo (SICTCA); acuerdo trabajosamente alcanzando entre el gobierno y los actores involucrados. Lejos de implementarlo, la gestión herrerista la dejó sin efecto, sin dar mayores explicaciones. Es obvio que la medida benefició a alguien; no precisamente a los que viven, por ejemplo, en los asentamientos. En su indisimulada política de beneficios, el gobierno flexibilizó controles sobre las cargas que transitan las rutas nacionales. Quizás deba reiterarse que el transporte de carga, fue potenciado por Sanguinetti con el desmantelamiento de sistema ferroviario en los 80; uno de los tantos servicios que le brindó al país. También es útil mencionar que esta modalidad es altamente informal (ahora que se evita hablar de quiénes deben financiar la seguridad social), con subregistros de sueldos, extensas jornadas laborales (que explican el parte la siniestralidad) y…evasiones millonarias. Cuando se sostiene que no hay recursos para atender a los sectores que están al borde y se cae del sistema, queda en evidencia para quienes se gobierna o se gerencia.
Está largamente verificado, incluso por estudio pedido por el MTOP al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la millonaria evasión en la que incurre el sector. El sindicato de la rama, el SUTCRA, estima una evasión anual de 350 millones de dólares. “El sector presenta porcentajes de informalidad y de subdeclaración ligeramente mayores a los del promedio de la economía” subraya el informe de julio del 2022 del Banco, dando razón a los trabajadores, aunque su estimación de la evasión baja a 150 millones de dólares por año. En estos montos no están cuantificadas la construcción, reparación o mantenimiento de la red vial, incluyendo caminos vecinales destruidos por estos poderosos intereses. El sindicato aclara que el estudio del BID se efectuó sobre datos de 2500 empresas inscriptas en la DGI, siendo que el MTOP tiene 5 mil anotadas.
En una reciente rendición de cuentas, el gobierno dispuso, distribuido en varios organismos, 50 millones de dólares para atender la primera infancia. Mecanismo para atenuar la creciente polarización social y disimular la defensa de ciertos intereses muchos de los cuales aportan a las campañas electorales sin que la gente se entere. Además, la frutilla de la torta fue la exoneración de infracciones por el no pesaje de los camiones.
Según un reporte de La Diaria del 25 de mayo del 2021, dando cuenta del pasaje de José Luis Falero, ex intendente de San José, de la subsecretaria de la OPP a la jefatura del MTOP, menciona su formación y que se desempeñó en la actividad privada “como director de la firma Omar Falero y Cía. SA,…Además, desde 2002 a 2010 se desempeñó en cargos de dirección en la compañía Trale, y fue directivo de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) Ambas empresas son propiedad de la familia Falero, que tiene 70 años de experiencia ”. Por otra parte, poco y nada se ha realizado por el transporte multimodal.
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En una escandalosa sesión, el pasado martes 14 de mayo, sobre tablas, en carácter grave y urgente, el Senado multicolor aprobó una nueva ley de medios, cuyos detalles se han difundido ampliamente. Fue tan escandaloso que el senador blanco Sergio Botana que ofició “de una suerte de miembro informante” se confundía al leer los artículos.
La nueva ley, en definitiva, contempla todos los intereses del oligopolio mediático encabezado por los canales 4, 10 y 12 de Montevideo, daña Antel, -la que perderá millones de dólares en facturación-, ratifica el poder que tienen las familias propietarias de los canales que “muestran ocultando” y habilita la extranjerización de licencias de radio y TV. La extranjerización se votó a “dos manos” por Cabildo Abierto que, en lo discursivo, estructura un rechazo a la misma.
La oposición política, la academia, organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil impugnan este atropello y alertan sobre las consecuencias sobre la libertad de expresión. Los negocios están primero.
Apostamos a que alguien diga en qué programa se podrá ver algún periodístico que trate este asunto.
En el episodio se dan la mano dos cuestiones de mutuo interés: por un lado, la posibilidad del gobierno y de su delfín precandidato accedan a los medios en forma constante y con precios accesibles y, concomitantemente, seguir en la línea de complacer todos los pedidos de los grandes medios, renunciando a recaudar millones de dólares. Pero después no hay recursos para atender las emergencias sociales. Entonces, desde el gobierno se fortalecen estas políticas de acumulación; dándole aire a los que cuestionan políticas que atemperan desigualdades sociales y la creciente exclusión. Cuando se entrega un refuerzo para un pobre se le pide mil y un requisitos, pero para los de arriba, pura generosidad.
En Paysandú, se ve en pequeño que el sentido común muchas veces reniega de las ayudas que se brindan a los “rezagados”. Al haber sido ganadas sus cabezas, nada mencionan sobre las millonarias regalías a los sectores acomodados. Lo que a los pobres le quitan, se lo entregan a los dueños del país. Por ello es normal que parte de los inundados estén en carpas con estos intensos fríos; por algo están ahí.
Poco se escucha decir que se revisarán las prebendas y regalías que tienen los poderes reales.
Mientras se hace el discurso de la escasez, se continua con una ley de inversiones que da todas las condiciones al gran capital en detrimento de los más jodidos. Se contempla todos los intereses del oligopolio mediático encabezado por los canales 4, 10 y 12 de Montevideo, daña Antel, -la que perderá millones de dólares en facturación.