Escribe Eduardo Rodríguez

“La IDP incumplió en este extremo con la información que le fuere requerida”, expresa la sentencia judicial que condenó a la Intendencia de Paysandú a responder debidamente las consultas que formularon Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública en referencia a tres asuntos: la incorporación de la firma SANDECO para la gestión del basurero, la construcción de un hogar para estudiantes universitarios en zona inundable (área de la ex Dirección de Vialidad) y sobre el vínculo formalizado con la Fundación A Ganar. La frase citada, que se repite en varias ocasiones a lo largo de una sentencia no muy extensa, refiere, concretamente, a la solicitud de datos sobre el negocio con SANDECO, firma de origen argentino que aparentemente habría cambiado de titulares en medio del acuerdo con la comuna, extremo sobre el que tampoco hay información.

El asunto llegó a la Justicia después de agotada la vía administrativa sin que el ejecutivo que conduce Nicolás Olivera brindara las respuestas requeridas.

“El actor (NR: quienes preguntan) en vía administrativa solicitó se indique cuáles fueron las inversiones que realizó la empresa SANDECO para la instalación de la maquinaria. En relación a esta interrogante la IDP dio la misma respuesta ofrecida anteriormente (pregunta 3) y la documentación ya señalada, no referenció en momento alguno qué inversiones realizó la empresa SANDECO”, expresa la sentencia, refrendado la inquietud de los peticionantes.

Las autoridades de gobierno se han esforzado en repetir mensajes de destaque sobre supuestas inversiones del privado pero nunca se planteó una cifra que dé cuenta, de manera concreta, de esos aportes ni se detallaron acciones o mejoras. Es probable que cuando se conozca el dato, porque se supone que la comuna acatará el mandato de la Justicia y sus responsables se evitarán denuncias penales, confirmemos que la contribución es ínfima.

En el llamado que elaboró para la “contratación de servicios para tratamiento, separación y promoción de reciclaje de residuos en Paysandú”, la Intendencia sí dejó en claro sus compromisos. Asumió la obligación de comprar “una máquina encapsuladora” y suministrar “bolsas o cápsulas de dichas máquinas”; la construcción de una planta de clasificación y encapsulado, para la instalación de ese equipamiento; continúa recolectando los residuos sólidos urbanos para entregarlos a puerta de planta, paga un canon mensual por los residuos procesados y cede todo el material reciclable que el particular vende en su provecho.

Pero así como hay preguntas formuladas por Álvarez Petraglia y Díaz que carecen de respuestas y que se deberán dilucidar a partir de la intervención de la Justicia, también es cierto que la vía administrativa permitió conseguir algunas interesantes confirmaciones.

Por ejemplo,  la Intendencia informó que pagó 550.000 dólares por la máquina encapsuladora que compró, sin uso, a una empresa argentina de nombre Sultram S.A. La adquisición se concretó siguiendo el consejo del empresario argentino Diego Pergierycht como titular de SANDECO. Asimismo se conoció cuánto invirtió el Estado para generar la infraestructura de la denominada planta de clasificación, “las inversiones realizadas en la nueva planta de reciclaje se encuentran en el marco del convenio suscito entre la Intendencia Departamental y el Ministerio de Ambiente, destinándose  a la construcción del nuevo galpón de 800m2, instalación, materiales y equipamiento eléctrico un monto de 391.000 dólares, afectados al aporte realizado por el Ministerio, según el procedimiento competitivo realizado al efecto”. En este punto es necesario recordar que el Ministerio de Ambiente aportó a Paysandú un millón de dólares para impulsar el proceso al que refieren como de cierre del vertedero a cielo abierto, iniciativa que se inscribe dentro de un plan de proyección nacional.

El gobierno de Olivera estableció un contrato con el privado por el plazo de 36 meses, que se cumplirán justo una semana antes de que concluya su período. Con esta particularidad consiguieron evitar la necesidad de la anuencia de la Junta Departamental, condición imprescindible para establecer un vínculo que trascendiera el quinquenio. Entre las inquietudes que emergen de este proceso, conviene preguntarse cuál es la sostenibilidad de una iniciativa que no se afianza y la eventualidad de que muchos de los recursos afectados terminen, nunca mejor dicho, en la basura.

La operativa de la planta se fue dilatando considerablemente por retrasos propios de la comuna lo que genera dudas en cuanto a cómo el ejecutivo encaró sus compromisos materiales con el particular durante esos meses.

La Intendencia fijó un canon mensual de 660.000 pesos uruguayos más IVA por el procesamiento de hasta 3.000 toneladas mensuales de residuos domiciliarios; la ciudad genera unas 80 toneladas diarias. Al tiempo que estableció un sistema de pago variable cuando el procesamiento implique una cantidad mayor. Por el procesamiento de residuos no domiciliarios el canon es de 700 pesos por tonelada. La venta del material reciclable se realiza según las condiciones que impone el mercado, de hecho las propias autoridades departamentales hicieron algunas apariciones públicas lamentando la afectación que sufrió la empresa por la caída de los precios de materiales tales como plásticos y cartón. Es más, el propio secretario general de la comuna, Fermín Farinha, anunció que la firma saldría en busca de un socio para enfrentar la compleja situación económica generada a partir de tal baja.

En la iniciativa que presentó en 2021, SANDECO estimó que desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2025 generaría ingresos por 4.200.000 dólares, que surgirían de la venta de reciclables y por el canon mensual. Mientras que los costos, para el mismo periodo, llegarían a 3.600.000 dólares por la operativa de “maquinaria necesaria para el proceso de selección de residuos y para la gestión de las cápsulas en su destino final” así como por la contratación de personal. El documento especificó que “del análisis del proyecto realizado, la tasa interna de retorno es acorde al riesgo del negocio” y aclara que “el servicio que se propone contratar será el relativo a la clasificación, operación y disposición final de la basura de la Ciudad de Paysandú (sin perjuicio de que puede, previo análisis técnicos correspondientes, ampliarse a otras ciudades del Departamento)”.

Siguiendo cifras oficiales, el proponente estableció que a diario ingresan al vertedero entre 100 y 120 toneladas de residuos sólidos., estimó que, por día, se podrían recuperar entre 3 y 4 toneladas de plástico, entre 1,5 y 2 de papel y cartón “y en el orden de 1 tonelada entre chatarra ferrosa y metálica. Sobre estas últimas cantidades es que deberá analizarse la ecuación económica-financiera del proyecto”, aclararon, haciendo gala de una notoria claridad en el manejo de los números que después no se contrastó en la práctica.

En concreto, con fondos propios y nacionales, la Intendencia de Paysandú invirtió casi un millón de dólares para armar y equipar una planta cuyo funcionamiento no ha sido, ni cerca, el esperado. De hecho el propio subsecretario de Ambiente reconoció la complejidad de la operativa. Algunos referentes locales denunciaron desde que la planta no es la que la ciudad necesita hasta errores en el armado que condicionaron su funcionamiento. Fuentes que conocen la actividad diaria del lugar aseguran que por la cinta de clasificación pasa sólo un porcentaje mínimo de basura y que la mayor cantidad de mugre se termina enterrando sin un proceso previo de clasificación para el reciclaje. Desde el ámbito político se denuncia que la empresa estaría pesando todo lo que llega a planta para cobrar por ese monto aun cuando no realice el proceso de selección comprometido. Mientras tanto, los hurgadores siguen en pésimas condiciones, afirmando que  no existen controles para el ingreso al basurero, esto implica que aparezcan menores y que haya gente que pernocta, y aseguran que, en general, no son considerados para trabajar en la planta, tal como se había anunciado. Quienes ingresan a trabajar en SANDECO padecen atrasos en los pagos, que se materializan al inicio de la segunda quincena del mes aun cuando en los recibos de sueldo dicen otra cosa. Cobran, en la mano, unos 18.000 pesos mensuales y aseguran el incumplimiento de algunos compromisos que mejorarían los ingresos, caso de mil pesos mensuales por presentismo que aguardan en vano hace meses. Cansados de estos padecimientos, varias personas han optado por cortar el vinculo laboral “con una mano atrás y otra adelante”.

Más allá de anuncios rimbombantes, la realidad del basurero es cada vez más compleja a pesar de que el Estado ha invertido cifras muy considerables. Vecinos nuestros, que parecieran  invisibilizados para el general de la comunidad, son los que le ponen el cuerpo a estas mal gestadas experiencias y terminan pagando sus consecuencias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Se acaba el recreo del puente? El gobierno anunciará medidas la próxima semana

La semana próxima el gobierno dará a conocer medidas a adoptar en…

Historia del turismo en Paysandú (parte I)

Por Juan Andrés Pardo – Magister en Consultoría Turística egresado de la…

El edificio Torre de la Defensa en Paysandú demandará una inversión de más de 12 millones de dólares

Evocando el Paysandú de otrora, Mario C. Macri fue uno de los…

Martín Troisi: “Es más importante saber inglés que saber programar”

El uruguayo que vendió su empresa en 100 millones de dólares Por…