Por Horacio R. Brum

¿Será que los que redactan estos megaproyectos de las multinacionales usan el “copiar y pegar” para armar frases destinadas a entusiasmar a los gobiernos y a las comunidades, y disimular sus costos ocultos? “La mayor inversión privada en la historia del Uruguay”, dicen ahora, que “permitiría crear 3.000 empleos durante su construcción y 300 permanentes”, sobre la planta de hidrógeno verde que pretenden construir al norte de Paysandú y justo en medio de un paisaje fluvial que para nuestros vecinos de Colón es uno de sus principales atractivos turísticos. La descripción de los supuestos beneficios del proyecto parece calcada de la propaganda de Botnia (hoy UPM), la planta de celulosa cuya construcción puso a las relaciones argentino-uruguayas en su peor momento de los dos últimos siglos.

Es cierto que el presidente Néstor Kirchner manipuló la opinión pública argentina y en particular de Gualeguaychú, para beneficio de su política interna, lo cual tuvo como principal efecto el bloqueo absurdo de los puentes, pero también es innegable que el gobierno uruguayo de Jorge Batlle firmó el acuerdo para la construcción de la planta comportándose como si el río Uruguay le perteneciera completamente. Tabaré Vázquez tuvo que asumir las consecuencias de aquel desacierto diplomático, debatiéndose siempre entre la necesidad de no defraudar a los inversores extranjeros, la defensa de la soberanía nacional y el mantenimiento de unas estrechas relaciones entre dos pueblos que casi no tiene igual en el mundo. Afortunadamente, el conflicto se resolvió de buena manera y los lazos de ambas orillas del Uruguay y del Plata siguen siendo firmes; la planta de UPM está lejos de ser un   monstruo contaminante, aunque la discusión sobre los efectos ambientales de este tipo de instalaciones debe continuar, para prevenir los abusos de las empresas y la posibilidad de que los gobiernos hagan la vista gorda a esos problemas, obnubilados por las inversiones que ellas representan.

En cuanto a las comunidades donde se insertan los proyectos, los miles de puestos ofrecidos crean una ilusión temporal de prosperidad y una vez que concluyó la etapa de construcción, sólo permanecen los 300 o 400 trabajadores especializados. Puede que la economía nacional se beneficie con miles de millones de dólares; sin embargo, el “chorreo” de esa fortuna por lo general no llega ni rápidamente ni en grandes volúmenes a las localidades cercanas a las grandes plantas industriales. Fray Bentos es un buen ejemplo de ello: después del frenesí de creación de negocios a que se entregaron sus habitantes cuando abundaban los trabajadores que construían la planta -con efectos no deseados, como el aumento de la prostitución-, la ciudad no es en absoluto la “capital de la celulosa del Uruguay”, sin cambios urbanísticos significativos y más dependiente del turismo transfronterizo que de lo que pueda proveer a la fábrica de UPM. Lo mismo ha ocurrido con las otras dos plantas, respecto de Conchillas (Montes del Plata) o Paso de los Toros (UPM Paso de los Toros).

Por lo anterior, la planta de hidrógeno verde no necesariamente marcará un “antes y un después” para Paysandú, como lo afirmó con entusiasmo el intendente y es necesario poner su construcción en la perspectiva de muchos factores. En primer lugar, y dados los antecedentes del diferendo por la planta de celulosa de Fray Bentos, habría sido un gesto de cortesía y buena vecindad compartir desde el comienzo la información sobre el proyecto con las autoridades y la comunidad de Colón. En el mundo globalizado de hoy ya no caben las visiones estrechas de la soberanía nacional, cuando se trata de recursos naturales compartidos; Brasil, Argentina y Uruguay comparten el río que nace en la brasileña Serra Geral (Río Grande do Sul-Santa Catarina). Lo que cada uno de esos países hace en el curso de agua que es parte de la gran Cuenca del Plata tendrá algún efecto en los otros y si acotamos el tema, lo que se hace en la margen sanducera puede repercutir de alguna manera en la orilla entrerriana. Para entender a quienes en Colón están preocupados por la posibilidad de que la planta de hidrógeno altere en paisaje de la zona, los sanduceros podrían tratar de imaginar cómo se vería el panorama desde esta costa, si Argentina decidiese instalar alguna fábrica en la isla Caridad.

Más allá de las alteraciones paisajísticas que provoca, ningún proyecto industrial de grandes dimensiones es innocuo en términos ambientales y lo cierto es que las empresas vinculadas a los intereses del mundo desarrollado vienen a nuestros países porque allá las leyes de protección del medio ambiente son más severas, la sociedad no se deslumbra por las promesas de “miles de puestos de trabajo” y hay una mayor conciencia del cuidado de los recursos naturales. Por otra parte, en esas democracias es impensable la firma de acuerdos de confidencialidad que protegen de la mirada pública muchos detalles de los proyectos. En Uruguay, ya se ha hecho una costumbre de los gobiernos firmar tales acuerdos, que salen a la luz sólo cuando la sociedad civil lo exige ante la justicia.

HIF, la empresa que se propone instalar la planta de hidrógeno verde en Paysandú, comenzó sus actividades en Chile, donde otras compañías ya están trabajando en el rubro, en el marco de una política oficial para alcanzar el liderazgo latinoamericano. Una instalación de la empresa está en la etapa de producción demostrativa y otra se encuentra en el proceso de evaluación ambiental. La planta demostrativa se levanta en una planicie desolada cercana a Punta Arenas (3000 kilómetros al sur de Santiago) y la turbina eólica que le suministra energía, un molino gigantesco de más de 140 metros de alto, da una idea del impacto sobre el paisaje. La zona ha sido escogida por ésta y otras empresas debido a que sus vientos constantes de alta velocidad facilitan la producción de energía eólica, dada la gran cantidad de electricidad que consume el proceso. Además, la cercanía al mar asegura un suministro de agua en grandes volúmenes, otra condición imprescindible para producir hidrógeno verde, pero las informaciones de los medios locales dan cuenta de los múltiples impactos del desarrollo de los proyectos. Según el diario puntarenense La Prensa Austral, “…Infraestructura para recepción, almacenamiento y carga de productos, muelles para importación y exportación, obras de captación de agua de mar, parques eólicos marinos, cañerías submarinas, dispositivos mareomotrices y un amplio y diverso número de otros proyectos son solicitados por, al menos, seis empresas en los últimos dos años. El factor común es avanzar en la implementación de la industria del hidrógeno…”

Esa lista debería servir de referencia para lo que puede llegar a requerir el proyecto de Paysandú a medida que se desarrolla y amplía. Por ejemplo: la producción de hidrógeno verde en Chile está pensada en función de los mercados extranjeros, principalmente de Europa (Porsche, el fabricante alemán de autos de alta gama es socio de HIF en Punta Arenas), lo cual hará necesario el transporte por vía marítima. ¿Será necesario un nuevo puerto sobre el río Uruguay o, en otra forma de transporte posible, se construirá algún tipo de ducto hasta el puerto de Montevideo? Estas son apenas dos de las muchas preguntas que la comunidad sanducera, en coordinación con los vecinos del otro lado del río que compartimos, debería plantear a la empresa y las autoridades municipales y nacionales, antes de conceder la licencia social para el proyecto.

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