Escribe Eduardo Rodríguez
Algunas personas comprometidas con la defensa de la vida de los animales se atrevieron a soñar que el año 2023 cerraría con un decreto de la Junta Departamental de Paysandú estableciendo la prohibición de la práctica comúnmente conocida como sangría de yeguas. Es que el territorio sanducero mostraba, orgulloso, algunos antecedentes referidos al bienestar animal que impulsaban ese optimismo. En el quinquenio anterior, y entre otras acciones, el gobierno a cargo del Frente Amplio, con cierto apoyo de otros partidos, cerró el zoológico, prohibió las carreras de galgos e impulsó las castraciones de perros y gatos. Gracias al empuje de organizaciones de la sociedad civil, el tema de la extracción de sangre a las yeguas preñadas ha ganado espacio en la agenda local. Mientras que desde la bancada oficialista en el legislativo departamental, perteneciente al Partido Nacional, al comienzo del período se mostró moderada apertura a la consideración del asunto. En ese contexto, en octubre de 2023 la edil Verónica Villarreal (FA) presentó una moción para que Paysandú sea libre de la práctica. La Junte encargó el estudio de la propuesta a su Comisión de Higiene y Medio Ambiente que dejó pasar varios meses sin concretar el esperado abordaje.
En febrero de este año y “no habiendo obtenido respuesta alguna” para la moción anterior, Villarreal presentó otro proyecto de decreto cuyo contenido, básicamente, determinaba la prohibición de la producción “de hemoderivados equinos para la obtención de eCG Gonadotrofina Coriónica Equina en todo establecimiento o local de uso público y/o privado dentro de todo el territorio del departamento de Paysandú” y le encomendaba a la comuna tareas de contralor y para la aplicación de sanciones. Otra vez el tema fue derivado a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.
Para el mes de julio la mayoría de esa comisión había resuelto recomendar la aprobación de una manifestación con el sentido de “no prohibir ni condenar este tipo de emprendimientos en nuestro departamento”. Los ediles Pizzorno, Uria, Rodríguez (PN) y Helguera (PC) llegaron a esa conclusión después de visitar, previa coordinación, una “granja de sangre”, según la denominación de sus detractores. Llamativamente sólo habían escuchado a quienes se benefician del negocio. Laura Gutiérrez (FA), quinto miembro de la comisión, reivindicaba la continuidad del estudio pero para escuchar todas las campanas. La comisión que preside Pizzorno iba a recomendar esa definición en la sesión que se cumplió en Quebracho el jueves 23 de julio. Pero, en la medida que esa postura tomó estado público días antes de la reunión, se generó cierto movimiento de rechazo a la alternativa. Asumiendo ese clima, el pleno de la Junta resolvió que el tema siga a estudio de la referida comisión incorporando todas las opiniones.
En ese marco, este lunes 23 de setiembre los ediles recibieron a representantes de la ONG Trato Ético Animal y de una organización de origen alemán que destaca por denunciar la problemática. Los legisladores escucharon pero no habrían sentido la necesidad de preguntar. “No hubo absolutamente nada, ni una pregunta, ni un intercambio”, confirmó el referente local Sebastián Martínez. “Podemos pensar que si no tuvieron nada qué preguntar, si no les nació ninguna duda, será porque la explicación fue tan contundente, tan convincente, y quizás podamos esperar una definición por el lado de la prohibición”, agregó. Martínez recordó que en las Juntas de Maldonado, Canelones y Tacuarembó los blancos votaron por la prohibición de la sangría y se mostró sorprendido por la posición que tomaron los ediles locales de ese partido.
Hay quienes dudan de que las Juntas puedan establecer prohibiciones de este tipo, más allá del valor político de un mensaje de censura. Según esa perspectiva, la única solución posible para establecer una prohibición debe surgir del Parlamento, a través de una ley. El diputado César Vega (PERI) presentó un proyecto con ese propósito que, después de un largo y trabajoso debate, no prosperó.
“Fue uno de los proyectos más debatidos en la Legislatura, agarró vida propia”, dijo Vega que se comprometió a retomar el tema en el quinquenio que viene pero acompañado de acciones que colaboren con el posicionamiento del asunto tanto dentro como fuera del Palacio Legislativo. «Tengo que decir que gracias al diputado “Carlucho” Moreno, del Partido Colorado de Paysandú, este proyecto fracasó. Y ahora incorporaron el tema al programa de principios del Partido Colorado porque quieren decir que están por el bienestar animal. Yo les digo a los colorados que me plantean esto que hablen con “Carlucho” porque él fue el responsable de que esta legislación no saliera», apuntó Vega. El legislador, también sanducero, explica esa personalización en la idea de que “con el voto de Moreno el proyecto salía, nos faltaba un voto, y él estaba de presidente en la Comisión de Ganadería y después estuvo en la de Bienestar Animal, las dos comisiones donde se trabajó el proyecto. Sabe bien que tiene que ver con el archivo”.
¿Qué es la sangría?
Esta actividad sólo está habilitada en Uruguay y Argentina, el desarrollo en nuestro país se inició hace unos 30 años. Al momento hay tres granjas operativas pero se conoce de solicitudes para abrir nuevos establecimientos. No está claro si alguna de ellas se instalaría en Paysandú. La producción tiene como destino algunos países de Europa, constituyendo un negocio millonario en dólares. Consiste en la extracción de sangre de yeguas preñadas para conseguir la hormona llamada PMSG (gonadotrofina coriónica equina hoy renombrada como eCG) que se utilizada para potenciar la inseminación artificial. La extracción se realiza desde la vena yugular entre el día 40 y 120 de preñez, que es donde se da el pico más alto de la producción de esta hormona. Se quitan unos 10 litros por semana durante esos 3 meses. Luego provocan el aborto para que el animal recupere el estado de preñez. Es común que se procuren dos ciclos de extracción al año lo que provoca que la mayoría de estas yeguas no sobreviven mucho tiempo, o mueren en los campos como consecuencia de esta práctica cruel o terminan en el frigorífico cuando su producción de hormona deja de ser rentable, sin ningún tipo de atención veterinaria. Uruguay es considerado el más grande productor de la PMSG lo que podría evidencia el incumplimiento de la ley, caso de la llamada de Bienestar Animal (18471) cuyo primer artículo expresa, “Esta ley tiene como fin la protección de los animales en su vida y bienestar”. Mientras que el artículo 12 señala: “Queda expresamente prohibido: A) maltratar o lesionar a los animales, entendiéndose por maltrato, toda acción injustificada que genere daño o estrés excesivo en un animal. (…) C) dar muerte a un animal …. u otros procedimientos que le ocasionen sufrimiento innecesario o una agonía prolongada», contenido que se respalda en la Declaración Universal para el Bienestar de los Animales de Naciones Unidas.
