En el departamento de Paysandú se dan dos fenómenos que parecen contradictorios, pero coexisten. Por un lado, el crecimiento de la matrícula universitaria disparó, en la ciudad, el precio de los alquileres y la construcción se reactivó; observando varios proyectos en ejecución, más allá del pujante cooperativismo.
Esto subsiste con la existencia de 8.225 viviendas desocupadas en un parque de 51.058. La información se desprende del último censo 2023. Hay algún profesional que tiene decenas de viviendas, mientras a miles que carecen de la misma o viven en condiciones inhumanas. Los organismos del Estado y las Intendencias saben dónde están dichas fincas.
Habría que ver en qué condiciones están esas viviendas desocupadas: si están en alquiler, en litigio, destruida o inhabitable. El país no crece en población; pero si en hogares.
La Intendencia tiene un rol a cumplir en esta materia. Por ejemplo, podría gravar a esas viviendas vacías si, estando en condiciones no son puestas al servicio de la comunidad. En Montevideo, existe un gravamen, que no tiene nada de socialista.
En Uruguay hasta la ley 18.116 del 2007, no era delito ocupar una finca si se lo hacía sin violencia y si había necesidad. La precitada ley, con legisladores de Maldonado escandalizados por una ocupación de un chalé en Punta del Este, manda presa a la gente, al tiempo que otra ley, la de ordenamiento territorial, 18.308 del 2008, puede transformar al eventual ocupante en propietario al cabo de cinco años, si la necesita y usa. “El Parlamento uruguayo, –sostiene el ingeniero Benjamín Nahoum, asesor de FUCVAM-, sigue sin resolver esta paradoja e ignora que la mejor ley es la que mejor comprende la realidad sobre la que actúa”.
El Censo 2023 indica que, de 1.659.048 viviendas registradas en todo el país, casi el 19.5% se encuentran desocupadas. Los técnicos expresan que “este porcentaje representa un desafío significativo para la planificación y uso eficiente de los recursos habitacionales en Uruguay”; entre otras cosas.
