Nicolás Olivera ya tiene una fecha que agendar para el inicio de su segundo período como intendente de Paysandú. El jueves 31 de julio, a las 14:00, deberá comparecer en el Juzgado para declarar “como parte” en el juicio que lleva adelante Elen Sosa que pretende el reconocimiento de la titularidad de un terreno, sito en la paralela a Avenida de Las Américas y Bulevar Artigas, que poseyó como propietaria durante unos 40 años y al que la Intendencia ingresó de manera violenta en setiembre de 2021, al margen de las normas y provocando graves daños.
El inmueble era de la comuna, pero, con el visto bueno de una autoridad departamental de hace varias décadas, la vecina asumió su cuidado tal como lo haría siendo su dueña, lo que incluyó, entre otras mejoras, el cercamiento y siembra y mantenimiento de árboles y otras plantas. De acuerdo a la normativa vigente, la señora puede acceder a la propiedad del bien a través de la prescripción. Básicamente, esto implica que la comuna perdió el derecho sobre esa tierra como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley.
A pesar de ser advertidos de la situación legal, de hecho, cuando ingresaron a la propiedad el terreno ya estaba siendo reclamado por vía judicial, los representantes de la Intendencia avanzaron en lo que Sosa definió como “atropello” y “vulneración”. Dijeron que no hacían más que cumplir órdenes y, así, terminaron provocando la violación y los destrozos señalados.
En principio se indicó que allí se instalaría una empresa hormigonera cuyo arribo a Paysandú se anunció muy pomposamente. Finalmente, Ramyan nunca concretó su llegada y nadie explicó a qué se debió ese incumplimiento. Ahora se conoce que la firma enfrenta una situación muy comprometida. Mientras tanto el terreno en cuestión luce un cartel que anuncia su conversión en campo deportivo.
“El intendente tiene la obligación de presentarse, no puede no ir ni hacerse representar, y lo hará como parte del juicio”, explicó el abogado Federico Álvarez Petraglia, uno de los profesionales que asiste a Sosa en su reclamo y que, según reconoció, “desde hace varios años” tiene “unas cuantas preguntas para hacerle a Olivera sobre este caso”, las que, efectivamente, podrá presentar en esa instancia.
El abogado, que lamentó que la Justicia no de lugar para que los reclamos contra la Intendencia y sus autoridades se diligencien por vía penal, explicó que se trata de un proceso civil, “lo que implica pedirle a la jueza que le devuelva el bien a Elen; o sea, que conceda que hubo un violento despojo por parte de la Intendencia y que la restituya”.
El juicio lleva varios años de desarrollo, pero, en las últimas semanas ha tenido una importante secuencia de audiencias. “Ya han declarado varias personas, los representantes de la Intendencia, funcionarios, también los testigos que presentó Sosa que pudieron documentar muy claramente cómo era el lugar, cómo estaba y de qué manera la Intendencia destrozó todo. Fueron, rompieron absolutamente todo, tiraron todo abajo, todos los árboles que existían, y además levantaron el terreno lo que ha aparejado, lamentablemente, que eso actúe como represa, obstaculizando el desagüe de los pluviales. Por eso, cuando existen lluvias copiosas la casa de Elen, que está al lado, queda anegada”. Insistió en el concepto afirmando que, “alteraron completamente el ecosistema del lugar”.
Álvarez Petraglia opinó que si la acción cometida por la Intendencia hubiese sido desarrollada por un particular, “esto de romper candados, abrir puertas, romper todo”, probablemente se enmarcaría en algunos los delitos previstos en el Código Penal; sin embargo, “parece que en algunos casos hay gente que tiene coronita”. Aclaró que, si la intención era la de recuperar el terreno el Estado debió recurrir a la Justicia, “pero no hacer justicia por mano propia, que es una de las cosas que, lamentablemente, pasó acá”.
Sosa está citada para declarar el mismo día que el intendente reelecto.
