“Ningún partido, por sí solo y en un solo período, pudo revertir los problemas de seguridad. Son problemas profundos, que van en aumento y requieren una estrategia común”, explicó.

El coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública destacó en dialogo con diario 20once la importancia de una estrategia a largo plazo que involucre a todos los sectores del país. “Durante años reaccionamos al día a día, sin planificación ni evaluación. Eso no mueve la aguja de los problemas”, afirmó.

El Sociólogo Rojido, coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, aseguró que Uruguay enfrenta un desafío estructural en materia de seguridad que no puede resolverse con medidas aisladas ni con políticas de un solo gobierno. Rojido sostuvo que “es hora de construir una política de Estado, seria, coherente y basada en evidencia científica”, con una visión proyectiva de al menos diez años.

“Si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre.”

El jerarca recordó que el plan surge como respuesta a un consenso político y social expresado durante la última campaña electoral, en torno a la necesidad de abordar la seguridad pública como una causa nacional. “Ningún partido, por sí solo y en un solo período, pudo revertir los problemas de seguridad. Son problemas profundos, que van en aumento y requieren una estrategia común”, explicó.

El jerarca subrayó que el Ministerio del Interior, históricamente, ha trabajado con una lógica reactiva frente a los hechos cotidianos, algo necesario, pero insuficiente. “La reacción inmediata es importante, pero no cambia las tendencias. Para mover la aguja hay que planificar, evaluar lo que se hace y aprender de los errores. En Uruguay nunca se han evaluado las políticas de seguridad anteriores, y eso es un déficit enorme”, señaló.

Un enfoque más amplio

El Plan Nacional busca ampliar la mirada sobre la seguridad, trascendiendo la labor exclusiva de la policía. “La policía es un actor central, pero no puede ser la única responsable. Llega cuando el problema ya ocurrió. Necesitamos rodearla del trabajo de otras agencias del Estado, de la sociedad civil, de la academia y del sector privado”, apuntó.

La propuesta, agregó, apuesta a tejer alianzas que vayan más allá del quehacer policial, integrando políticas sociales, urbanas y educativas. “La seguridad se construye en conjunto. La iluminación de los barrios, el transporte seguro, los espacios públicos cuidados, todo eso también es seguridad”, enfatizó Rojido, destacando el rol de las intendencias y los gobiernos departamentales.

Evidencia y legitimidad

Uno de los ejes centrales del plan es la incorporación de evidencia científica en la toma de decisiones. Rojido comparó la situación con otros ámbitos del Estado: “En salud o en economía nadie toma decisiones sin medir sus efectos. No se libera un medicamento sin probar su eficacia. Sin embargo, en seguridad pública históricamente se ha actuado sin evidencia. Y cuando las políticas no se basan en datos, se basan en otras cosas: corporativismos, oportunismo político o intuiciones personales”.

El coordinador insistió en que la seguridad no puede depender del calendario electoral, sino de acuerdos duraderos. “Este plan está pensado a diez años, porque hay desafíos —como el sistema carcelario— que ningún gobierno puede revertir en cinco. Lo importante es avanzar con continuidad y legitimidad social”, remarcó.

Paysandú, punto de partida

Rojido anunció que el próximo martes, en la ciudad de Paysandú, se realizará uno de los Eventos por la Seguridad, una serie de encuentros temáticos apoyados por agencias internacionales que acompañan al plan. “Uruguay está recibiendo mucho respaldo internacional, no solo por su compromiso, sino porque este proceso puede servir de modelo para otros países de la región, donde la violencia y el crimen organizado son graves”, explicó.

El encuentro —que contará con la apertura del ministro del Interior, Carlos Negro, y la participación del intendente Nicolás Olivera— estará dedicado a la trata y explotación sexual, una de las problemáticas que más afectan a mujeres, niñas, adolescentes y migrantes. “Cuando se habla de crimen organizado, la gente piensa en drogas, pero la explotación sexual es también un mercado ilícito muy importante, sofisticado y peligroso. Necesitamos inteligencia y cooperación para enfrentarlo”, advirtió.

Un desafío colectivo

El abogado destacó además la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno central y las intendencias, incluso las gobernadas por partidos de la oposición. “Hay un gesto de apertura y de construcción común. La seguridad no tiene colores partidarios. Todos podemos contribuir desde nuestro ámbito: mejorando la iluminación, los espacios públicos o el tránsito, que también forma parte de la seguridad ciudadana”, dijo.

Sobre este último punto, Rojido coincidió con las preocupaciones locales sobre la siniestralidad vial y el uso irregular de motocicletas. “La fiscalización de vehículos es clave. No es que la gente cometa delitos por tener motos, pero muchas modalidades delictivas las utilizan porque permiten escapar fácilmente. Es un ejemplo de cómo la prevención y el control son parte del ecosistema de seguridad”, señaló.

Finalmente, Rojido insistió en que el cambio cultural y estructural lleva tiempo, pero es posible. “La seguridad pública no se resuelve solo con más patrulleros o más cárceles. Se construye con políticas sostenidas, evidencia científica, compromiso ciudadano y cooperación entre todos los niveles del Estado. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, los resultados seguirán siendo los mismos”, concluyó.