Un informe preliminar del economista Gastón Núñez sobre el presupuesto quinquenal de la Intendencia Departamental revela un fuerte aumento de la recaudación real, mayor dependencia de recursos nacionales y la creación de cuatro nuevos tributos. También advierte una quita de fondos a los municipios y el uso del préstamo de la CAF como capital de giro.
La Intendencia Departamental proyecta un presupuesto promedio anual de 4.050 millones de pesos para el período 2026–2030. Así lo señala un bosquejo de análisis elaborado por el economista Gastón Núñez, a cuenta del informe final que presentará en los próximos días.
De acuerdo al estudio, el presupuesto pasa de 17.155 millones de pesos a 20.337 millones en valores constantes, lo que implica un aumento real del 19% en la recaudación del quinquenio.
Más dinero, pero más dependencia nacional
Uno de los datos más relevantes es el cambio en la relación entre fondos propios y transferencias nacionales. En 2015 la relación era 55% recursos departamentales y 45% nacionales; en 2021 pasó a 53% y 47%.
Con este nuevo presupuesto, la relación se invierte: 47% de recursos propios y 53% de transferencias del gobierno nacional.
Según Núñez, solo por los principales fondos nacionales (artículos 214 y 298, FDI y caminería rural) la Intendencia recibirá 1.590 millones de pesos más que en el quinquenio anterior, equivalentes a unos 40 millones de dólares adicionales.
Este aumento, sostiene, “explica por qué no se crea un nuevo fideicomiso”.
Suben los principales tributos
El informe muestra incrementos reales significativos en varios rubros:
Contribución Inmobiliaria Urbana: pasa de 161 millones en 2025 a 196 millones en 2026, un aumento real del 21%.
Artículo 214: sube de 1.286 a 1.543 millones de pesos constantes, lo que representa un crecimiento real del 20% en el período.
Artículo 298 (FDI): pasa de 146 a 195 millones, con un aumento real del 34%.
Caminería Rural: crece de 145 a 156 millones anuales, acumulando 60 millones más en el quinquenio, con una suba real del 9%.
Municipios: más fondos, pero menos control
Aunque la caminería rural totaliza 785 millones en el quinquenio, solo 287 millones llegan a los municipios. Según Núñez, esto implica que unos 500 millones de pesos serán absorbidos por el gobierno departamental, reduciendo el margen de gestión municipal.
En cuanto al FIGM, pasa de 62 a 108 millones, lo que supone un aumento real no inferior al 50% (incluso 74% según el cálculo bruto). Sin embargo, el economista advierte que ahora existen dos municipios más, lo que relativiza ese crecimiento.
Cuatro nuevos impuestos y tasas
El presupuesto introduce cuatro nuevos tributos:
Impuesto de Medio Ambiente, que sustituye a la Tasa General de Servicio.
Impuesto a Rifas y Sorteos.
Tasa de Construcción y Mantenimiento de Veredas.
Precio por Regulación del Espacio Público (artículo 153).
El nuevo Impuesto de Medio Ambiente pasa de 135 a 165 millones, con un incremento real del 23%.
El “cambio estructural”: nuevo catastro
Para Núñez, el cambio más relevante es la creación del catastro departamental. El nuevo sistema dejará de tomar el valor de la cédula catastral y pasará a fijar la base imponible en el 50% del valor de mercado, determinado por una nueva oficina.
Esto, señala, implicará un aumento de aproximadamente 20% real en la valuación de las propiedades, con impacto directo en la contribución inmobiliaria.
El préstamo de la CAF
Finalmente, el informe advierte que el préstamo de la CAF por 6 millones de dólares figura en el presupuesto tanto como ingreso como egreso.
En la práctica —según Núñez— eso supone que el gobierno departamental utilizará ese dinero como capital de giro durante el quinquenio, tal como advertían quienes se oponían al empréstito.
