Por Horacio R. Brum
“El progresismo es una izquierda sin cojones”, me dijo una vez un viejo revolucionario, de esos que han conocido todos los exilios y todavía creen que es posible crear el Hombre Nuevo. A juzgar por lo sucedido en Chile hace unos días, bien podría tener razón esa alma roja, y a lo mejor de ello se pueden sacar lecciones para Uruguay.
El FA chileno tiene un discurso más a la izquierda del progresismo, que parece sintonizar con los numerosos reclamos y preocupaciones de los ciudadanos.
La encuesta CEP es una suerte de oráculo para los políticos chilenos; aunque la realiza el Centro de Estudios Públicos (CEP), una organización afín a la derecha empresarial, pocos cuestionan la confiabilidad de sus cifras y tiene un papel importante en la delineación del panorama electoral. Recientemente, el presidente y empresario Sebastián Piñera fue vapuleado por los números de la CEP: su evaluación positiva como figura política bajó a 29%, lo que lo puso como el personaje que más retrocedió en este aspecto, y apenas el 25% de los encuestados aprueba la gestión del gobierno.
En Chile, bajo el gobierno autoritario se desmanteló el Estado a través de las privatizaciones, y se extendió la desigualdad
Esos resultados negativos no llaman demasiado la atención, porque son numerosos los frentes que tiene abierto el gobierno, desde la insatisfacción generalizada con el sistema privado de jubilaciones, hasta los reclamos estudiantiles por la calidad y el costo de la educación, pasando por el rechazo de los trabajadores a aumentar la flexibilidad laboral y el activismo violento de algunos grupos indígenas del sur. Sin embargo, hay otros aspectos de las manifestaciones de la opinión pública recogidos en ella que son interesantes, porque indican que el Frente Amplio, una fuerza nueva en el escenario político de Chile y que ha sido desestimada por los políticos tradicionales, puede estar en camino a ser la alternativa a la derecha, por sobre los partidos de centro-izquierda que fueron protagonistas de la vuelta a la democracia y encarnaron al progresismo, en especial durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet.
Con la excepción de Bachelet, que tiene un 38% de aprobación en la encuesta CEP, los principales dirigentes del progresismo fueron dejados atrás por las figuras del Frente, como los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. La preferencia del público (que llega al 33%) por este último tiene un valor estratégico, porque para el Frente Amplio, que se inspira en la coalición uruguaya, Valparaíso podría tener el papel que tuvo Montevideo: una ciudad con numerosos problemas y desafíos, que sirve de banco de pruebas para llegar al gobierno nacional. Según el diputado Jackson, la aparición de Sharp en la encuesta “desmitifica el que el Frente Amplio no puede gobernar y Jorge Sharp es un ejemplo de que cuando se nos delegan responsabilidades no va a ser el caos que muchas veces inventaron”.
Pese a que todavía es una coalición heterogénea, que incluso agrupa a un partido liberal, y no muestra la coherencia interna de su homónimo uruguayo, el FA chileno tiene un discurso más a la izquierda del progresismo, que parece sintonizar con los numerosos reclamos y preocupaciones de los ciudadanos. En su último gobierno (2014-2018), Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría despertaron expectativas sobre cambios profundos en ámbitos como las jubilaciones privadas -cuyo promedio es de 500 dólares, en un país donde una persona necesita por lo menos 1000 dólares mensuales para vivir dignamente-, la gratuidad de la educación (en Chile se pagan aranceles hasta en las universidades del Estado), o la legislación laboral. Sin embargo, las reformas quedaron a mitad de camino debido a la imposibilidad de la Presidenta de ir a fondo en un enfrentamiento con la derecha y los grupos económicos, así como por la debilidad de la coalición gobernante, en la cual la Democracia Cristiana fue en más de una oportunidad una suerte de quinta columna de los intereses privados. Así, si bien Piñera salió elegido presidente con una fuerte proporción de votos-castigó al gobierno de Bachelet, el Frente Amplio se perfiló en las elecciones de 2017 como una fuerza capaz de romper el duopolio, vigente desde el fin de la dictadura de Pinochet, de la centroizquierda progresista y la derecha.
El sociólogo Carlos Ruiz, doctor en Estudios Latinoamericanos y catedrático de la Universidad de Chile, ha tenido un papel fundamental en la creación de un marco de pensamiento común para los sectores frenteamplistas. Según Ruiz, unos años después del fin de la dictadura la sociedad ya no se preocupó tanto del proceso de recuperación democrática como de las repercusiones del neoliberalismo -impuesto por el régimen militar y sus socios civiles-, en la vida cotidiana. Así fue como “comenzó a crujir el sistema de partidos y las alianzas provenientes de los términos en que se fraguó la transición chilena”, sostiene Ruiz, y la incapacidad de esos sectores para satisfacer las expectativas reales de la gente abrió “un vacío por el que asoman diversos intentos de conformación política”. Dentro de esos intentos, se hace particularmente visible el Frente Amplio, cuya identidad aún está en desarrollo, porque “se trata de una expresión de la heterogeneidad de procesos sociales y políticos en los que surge”.
En Chile, bajo el gobierno autoritario se desmanteló el Estado a través de las privatizaciones, y se extendió la desigualdad. Por eso, la vuelta a la democracia creó grandes esperanzas de democratización social y la Concertación de centroizquierda proveyó una opción de tipo socialdemócrata para intentar superar el neoliberalismo de cuño pinochetista. Pero, explica Carlos Ruiz, “Tras más de dos décadas de gobiernos civiles y de un considerable aumento del gasto social estatal -especialmente en educación y salud, los cuales promedian un alza anual, en los cuatro gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2009, de 7,3% y 7,8%, respectivamente-, resulta que, paradójicamente, aquel dilema de los orígenes de la experiencia democrática entre Estado y mercado termina desdibujándose y diluyendo su anclaje en la legitimidad de los proyectos políticos que la animan”.
En este país el sector privado tiene una gravitación mayor en la vida diaria, ya sea en las prestaciones de salud, en la educación o en las jubilaciones, y como sostiene el pensador frenteamplista, los gobiernos progresistas favorecieron “el crecimiento de una suerte de ‘capitalismo de servicio público’, a saber: grandes empresas privadas (nacionales al inicio, luego el desembarco creciente de capitales extranjeros) proveedoras de servicios públicos a costa de subsidios estatales. Se trata del pregonado voucher de los monetaristas de Chicago”.
Al permitir la expansión de las empresas privadas en áreas históricamente cubiertas por el Estado, los ciudadanos fueron perdiendo su identificación con éste; la desafección se transmitió al sistema político y perjudicó gravemente a la Concertación en su caudal electoral, lo cual a su vez facilitó las victorias de la derecha y el surgimiento del Frente Amplio como otro actor en las urnas. Para el sociólogo Carlos Ruiz, los gobiernos chilenos de la centroizquierda presidieron un deterioro de los idearios socialdemócratas, manifestado, entre otros aspectos, el paso de muchos de los dirigentes de tales gobiernos a esferas privadas, en “una colonización empresarial de las élites concertacionistas”. Aun cuando se logró una reducción importante de la pobreza en las décadas que siguieron al fin del régimen dictatorial, los índices de desigualdad han variado muy poco y persisten la concentración de la propiedad, la riqueza y las oportunidades.
De esa manera, y bajo unos gobiernos con la etiqueta de progresistas, se borraron en Chile las fronteras entre socialdemocracia y neoliberalismo, pero desde la ciudadanía surgió la exigencia, como lo expresa Ruiz, de “una restricción política a la mercantilización de la vida cotidiana… Una demanda de derechos que se resiste al reemplazo en bonos como forma de un gasto social destinado a un subsidio estatal a la acumulación privada. Por eso, lejos de los viejos dilemas entre Estado y mercado, grandes mayorías se mueven de forma práctica entre ambos ámbitos sin supuestas complicaciones ideológicas”.
En una sociedad que no desea que Estado controle todos los aspectos de su vida, pero a la vez espera que éste sea capaz de darle alguna protección frente a los abusos del sistema económico, el Frente Amplio chileno intenta configurar un nuevo proyecto político, aparentemente superador de un progresismo que terminó transando con aquellos intereses que prometió meter en cintura cuando fue protagonista de los primeros gobiernos democráticos.
