Escribe Darío Rodríguez
El fortísimo temporal que afectó, particularmente la ciudad de Paysandú el 11 de julio, con cierto grado de dispersión, dejó expuesta las falencias del gobierno y ciertos niveles de incapacidad.
Curiosamente, siendo que fueron afectadas más de 1.400 viviendas, -no todas fueron reportadas-, el gobierno no declaró la emergencia. Tampoco explicó por qué no ameritaba dicha declaración que facilitaría enormemente toda la operativa. A juicio del Sunca, de los casos reportados, 200 son gravísimos y tan solo se han podido atender unos 17/18. Un viaje programado, en nombre del Congreso de Intendentes, encontró a Nicolás Javier Olivera, presidente del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED), en España.
Las primeras horas fueron encaradas por el intendente interino, Fermín Farinha, quien, -como cuando le tocó enfrentar una interpelación en la Junta por la irregular obra ejecutada por el empresario Mario Macri-, debió manejarse como gato entre la leña. Actores, entre ellos los/as diputadas/o, se pusieron a disposición. La diputada Cecilia Bottino comentó que “hubo vecinos que se quedaron sin nada” y “las respuestas se habían demorado”.
No es menor saber que el SINAE (sistema nacional de emergencia) puede recurrir a préstamos internacionales (no reembolsables y/o con bajas tasa de interés) para afrontar catástrofes. En Dolores por ejemplo, no obstante dificultades, hubo una respuesta integral y se aplicaron dispositivos fiscales a las empresas que fueron parte de la reconstrucción. Observadores señalaron que cuando estuvo en el curupí las respuestas de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino a los vecinos fueron tibias.
A las pocas horas del evento distintas autoridades nacionales se hicieron presente en la ciudad, recorrieron los barrios más afectados, entre ellos Curupí, Las Brisas y Purificación. Con gran despliegue mediático el inquilino de Torre Ejecutiva anduvo unas horas caminando algunas calles, sorteando postes, ramas y cables tirados. Un sequito de correligionarios locales y autoridades de variada responsabilidad se plegó a dicha recorrida.
En una reunión del CECOED estuvo el presidente. Desde la Intendencia, comenzaron los relevamientos para ver niveles de afectación y los entes (Antel, UTE especialmente trayendo brigadas) fueron restableciendo servicios. Al tiempo que el Mides, en una de sus especialidades, repartía canastas, con menos énfasis en otras atenciones. No hay conocimiento que se aborden los impactos emocionales derivados del shock padecido. En algunas zonas, incluyendo Guichón, el suministro eléctrico demoró unas 12 horas.
Como en otros eventos, tanto en forma individual como organizada, -esto subsiste-, la sociedad fue en auxilio de los afectados. Paysandú tiene, con las inundaciones, un acumulado de experiencia. En la reunión con participación de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino se reclamaron medidas urgentes; era lógico.
Sin integrar el CECOED, como en tantos otros eventos adversos, se puso a disposición la Brigada “Agustín Pedrozo” del SUNCA. La metodología establecía que el Comité, cosa que aconteció, suministraría los materiales para que los obreros de la construcción se instalaran en los barrios para comenzar las reparaciones de viviendas; uno de los componentes del restablecimiento de las condiciones pre evento. Alimentación, alojamiento y traslado, pues vinieron obreros de otros departamentos, lo solventaba el propio Sindicato. Dada su vasta experiencia, el SUNCA sugirió prioridades a la hora de atender cada emergencia que, como se sabe, había disimiles urgencias. No obstante, comenzó a trabajar con la información proporcionada por el CECOED.
Llama la atención que la reparación de vivienda -uno de los componentes afectados- solamente la esté encarando el SUNCA y particulares que así lo pueden hacer. El gran ausente sigue siendo el MVOT. Si por lo que fuera, hoy no está planteado, el Sindicato dejará de participar no habría quien encarara la reinstalación de techos y otras reparaciones que, en algunos casos es, directamente, levantar una casa a nuevo. Cooperativas fueron severamente afectadas. Aquí cobra fuerza y no se entiende por qué no se declaró la emergencia departamental. Emergencia que sí se declaró cuando los incendios forestales. No se querría pensar que el asunto pasa por la “cara del cliente”. El gobierno debe una explicación a la gente.
Es cierto que cada ente u organismo del Estado salió a responder y autoridades nacionales hicieron una suerte de paseo por el territorio. Muchos se preguntan dónde anda el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) y reclaman una actitud más enérgica de ediles y oposición política. Las actitudes clientelares, o la tentación de practicarlas, se eliminan con una sociedad organizada, vigilante, atenta y presta a colaborar. A los distintos actores gobernantes les cuesta articular respuestas y, el temporal en Paysandú, dejó expuesta la deuda social de todos los partidos políticos con una vigorosa política pública de vivienda. Vemos los permanentes recortes que asume la cartera de Vivienda; sin chistar.
No obstante, la responsabilidad del Estado, tanto desde lo nacional como departamental, es relevante el rol del sindicato de la construcción. Al cierre de nuestra edición había aportado más de 2 mil horas de trabajo, unos 25/30 trabajadores por día procedentes de distintos departamentos. Así lo hicieron en Dolores, Rocha, San Carlos, en los incendios y en la vecina Young.
Es entendible que en el propósito de atender las demandas de los afectados se comentan errores; aunque la experiencia aporta insumos para ir mejorando respuestas. En un gesto más bien simbólico la Intendencia recortó horas extras en algunos sectores, pero no parece mostrarse muy receptiva ante planteos de otros actores. En conferencia de prensa ya retornado de su viaje a España representando al Congreso de Intendentes, un ofuscado Olivera arremetió contra los que le piden use parte del fideicomiso para atender con rapidez emergencia social. Aún falta muchísimo. En el mismo, tomando en consideración solo tres programas (Paysandú trabaja; Plan de incentivo al reciclaje y Fondo de Economía Solidaria) hay 1.5 millones de dólares que se podrían aplicar rápidamente. Tal como se hizo, con aquiescencia general, al destinar un 1 millón de dólares al estudio del borde costero. En tal conferencia al pasar a la ofensiva dinamitó puentes: “que cada uno ocupe el lugar que tiene que ocupar. En momentos de emergencia resulta clave que cada quien haga lo que hace bien. Y si no hace nada bien, que no haga nada, porque si no, molesta”. Al agregar que llegó el momento de “arremangarse y trabajar” algunos entendieron que le hablaba a su entorno. Obnubilado no ha querido reunirse con el SUNCA que, es muy visible el relevante rol que cumple. La emergencia no se puede encabezar según estados de ánimos y solo escuchando voces complacientes.
Otro planteo realizado, en este caso a entes, fue exonerar temporalmente cobro de servicios.
Una crítica recurrente a los gobiernos es que estos eventos los pretenda resolver apelando a la solidaridad de la gente u organizaciones; por otra parte, muy golpeada por las propias políticas implementadas.
Parece menester que, tanto a nivel nacional como departamental, al venir del evento de diciembre y enero, se tengan aceitado procedimientos de actuación que en progresión y con planificación se apliquen. Ahora, se ha generado un chisporroteo con la Intendencia, dado que los trabajadores del Sunca llegan a una intervención y se encuentran con que faltan algunos insumos o los asignados o no son los que se precisan; subsanar eso está implicando demoras. Entienden que hay “un problema de logística, cuando no descontrol.
Los gobernantes saben que los fenómenos adversos serán cada vez más recurrentes y que se debe preparar a la población y las ciudades para tales circunstancias. Debería ser una política de Estado. A propósito, sería pertinente que el intendente informara en qué está el proyecto “adaptación al cambio climático de viviendas en zonas inundables de riesgo medio” ya presentado. Saber si el mismo, consecuencia del plan local Paysandú de ordenamiento tiene continuidad o feneció tras la lógica de “acto fundacional”. Mientras tanto, urge, mejorar respuestas, en forma articulada con todos los actores involucrados, sin mezquindades. Los pobres, siempre golpeados, merecen una rápida y digna respuesta pese a su complejidad y demoras inherentes al enorme impacto del evento.
