Plan Quinquenal y presupuesto de vivienda 2021-2025
Benjamín Nahoum
Las casi doscientas organizaciones sociales y empresariales e instituciones públicas y privadas que habían participado, cinco años atrás, en la Comisión Asesora de Vivienda del entonces MVOTMA, discutiendo durante más de dos meses, organizadas en cuatro grupos temáticos, las propuestas de vivienda para el quinquenio elaboradas por el Ministerio, recibieron el pasado 13 de agosto una amable comunicación de la ministra, Dra. Irene Moreira, invitándolas a hacer aportes por correo electrónico para la definición de las nuevas políticas. La sensación de agradecimiento se mezcló con una muy fuerte de sorpresa y no sólo por lo del correo electrónico. Es que el Plan, que debe elevarse al Parlamento junto con el Presupuesto Nacional, y naturalmente se coordina con éste, debía entregarse menos de veinte días después, los aportes se recibirían sólo hasta el 26 de agosto y el presidente de la república había anunciado incluso que ese mismo día haría públicas las líneas fundamentales del presupuesto, que entonces ya debían estar definidas.
¿Cómo podía, entonces, en brevísimo plazo, recogerse esos aportes, y cómo podían incluso hacerse aportes cuando había tan poco tiempo para la discusión y elaboración de las invitadas, todas ellas colectivos que funcionan democráticamente y que requieren por lo tanto tiempos razonables de procesamiento, como hizo notar la Facultad de Arquitectura? Y cuando, además, no se tenía ningún tipo de insumo sobre lo que pensaba hacer el gobierno (sólo dos carillas de ideas generales), y no iba a haber ninguna posibilidad de intercambio: ni entre los consultados y la consultante, ni de los consultados entre sí.
La respuesta a estas preguntas llegó en los primeros días de setiembre, cuando se conocieron públicamente el Plan Quinquenal de Vivienda 2021-2025 (PQV) y los cuarenta artículos del inciso correspondiente al ahora Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT: el ambiente, con la política de aguas y el cambio climático, pasaron al nuevo Ministerio de Ambiente). Y ahí la sorpresa aumentó.
Naturalmente, no conocemos qué opinaron los casi doscientos consultados: quizá la enorme mayoría haya recomendado disminuir los recursos; derogar parcialmente algunas medidas importantes adoptadas en los últimos años, como la política de subsidios diferenciales para todos los préstamos; eliminar las condicionantes de calidad y satisfacción respecto a las viviendas a producir, y aumentar los honorarios de asistencia técnica, pero una pequeña muestra no representativa de una veintena de opiniones, que conocemos, aconsejó por unanimidad todo lo contrario.
Pero, sin embargo, eso es lo que contienen el presupuesto y el PQV:
-una reducción de los recursos del 10% (de 260 millones de dólares anuales en el presente quinquenio a 233 en el próximo), que deja lo que era poco, en poquito;
-la derogación tácita, para los proyectos financiados con recursos del fideicomiso a crearse[1],de la política de subsidios establecida en 2008 y convertida en ley en 2017, por votación unánime del Parlamento; esta derogación se produce al imponerse que en estos casos el subsidio no debe sobrepasar el 30%, lo que significa que, por ejemplo, una familia que tenía una cuota de $15.000 pero con el subsidio actual, por ser de bajos ingresos, paga $4.000, ahora deberá abonar $10.500, con lo que no sólo no podrá pagar la cuota, sino que ni siquiera podrá acceder al préstamo. De manera que, una vez más, se crea una alternativa (apostando, por lo que se dice, a captar fondos de las AFAP), que no favorecerá a los sectores de ingresos y medios bajos, que necesitan subsidios mayores;
-la “flexibilización” de las condiciones de calidad que deben cumplir las viviendas, para los sistemas de construcción no tradicionales, y la revisión de los actuales estándares exigidos para las construcciones;
-la posibilidad (art. 432 del Presupuesto) de no aplicar los instrumentos para transformar suelo rural en urbano ni cumplir con las normativas de fraccionamientos y edificación, para la regularización de asentamientos, quizá como si en esos programas todo fuera válido siempre que sea barato;
-la posibilidad, también, por el art. 436, de que los gobiernos departamentales puedan caracterizar directamente, sin otro requisito, como urbanos o suburbanos, inmuebles rurales, si son destinados a programas de MEVIR, lo que es un paso más en la extensión incontrolada de las ciudades, solamente en busca de suelo barato, aunque no tenga servicios. Esto es aún más grave por la extensión de las competencias de MEVIR a todo el territorio nacional, aprobada en la LUC;
-el aumento de los honorarios de asistencia técnica del 7% al 10%, cuyos fundamentos no se conocen, como tampoco si ese sobrecosto estará financiado (con lo que aumentarían las cuotas) o saldrá de los recursos disponibles para la construcción.
¿Por qué todo esto sorprende? Pues porque en la campaña electoral había coincidencia en que los recursos aplicados a la vivienda debían ser aumentados y que se debían mantener los cambios positivos que se habían producido (entre los cuales el sistema de subsidios es uno de los principales). Y también porque pocos días antes de la consulta formulada por la ministra (y de practicar el recorte del 10%), el gobierno había establecido que las prioridades presupuestales serían la educación y la vivienda, y el recorte de los recursos parece una forma por lo menos extraña de priorizar.
Claro, tenemos un importante déficit fiscal, que quita el sueño a los gobernantes, pensando en que las calificadoras de riesgo, que no advierten el paso de los elefantes, pero sí estas minucias de punto más o punto menos, nos puedan desalojar de nuestra cómoda posición de país confiable, que nos asegura conseguir créditos para seguir tirando la deuda para adelante. Y también está la pandemia, que ha obligado al país a un esfuerzo económico extraordinario (aunque sea el menor de América Latina), que de algún lado debe salir, aunque no parece buena idea que sea reduciendo la inversión en un aspecto que, como la vivienda, está en relación directa con la salud de la gente cuyo grado inversor se pretende defender.
Pero lo más sorprendente de todo esto sorprendente, es que, en este panorama de recortes generalizados, que llega hasta a las políticas prioritarias, se encuentre espacio para casi duplicar el sueldo de los presidentes de los directorios de nuestras empresas públicas, que cuando asumieron no sabían que tendrían ese aumento. ¿O sí?
[1]En realidad, en la redacción original enviada al Parlamento no estaba claro que el tope fuera sólo para esos proyectos, porque se hacía referencia al “marco de lo dispuesto en el art. 454”, artículo que tiene que ver con los juzgados competentes en las ejecuciones de créditos hipotecarios, o sea nada con los subsidios. La protesta de FUCVAM, que presumía que el tope podía corresponder a todos los programas, hizo que el MVOT aclarara que donde decía 454 debía leerse 444, y entonces la disposición era sólo para proyectos financiados por el fideicomiso. De todos modos, seguimos mal, porque los recursos del fideicomiso no podrán usarse entonces para quienes más lo necesitan.
