Por Horacio R. Brum
Los que hablan de ir a la guerra suelen ser los que nunca han estado en la guerra; como aquellos argentinos que en un abril de hace treinta y nueve años creyeron que cruzar armas con Gran Bretaña era un partido de fútbol, y sufrieron un trauma del cual hasta ahora no se recuperan. Al menos, no se recuperan los que realmente fueron a la guerra, porque los otros, los que aplaudieron la aventura de la dictadura militar y miraron el conflicto por televisión, no sufrieron las consecuencias de su nacionalismo irresponsable (algunos de ellos están hoy en el gobierno y siguen explotando políticamente la cantinela de que “Las Malvinas son y serán argentinas).
Los que en estos días claman por la imposición de la cuarentena y el toque de queda para luchar contra el coronavirus se parecen mucho a los que hablan de ir a la guerra. Lo hacen desde la comodidad de sus casas amplias, con sus sueldos asegurados y rodeados de unas condiciones bajo las que el encierro total no será más que una molestia pasajera. Quien vive en un país que desde hace un año y un mes entra, sale y vuelve a entrar en cuarentena les puede contar que hay que pensarlo mucho antes de vociferar por ir a la guerra. El experimento de Chile con las cuarentenas estrictas no ha dado resultados que justifiquen la pobreza, el atraso en la educación, y los daños psicológicos producidos por esa estrategia, además de estimular unas formas de autoritarismo que recuerdan a los tiempos de la dictadura.
Estar en cuarentena en Chile es tener que pedir permiso a la policía para hacer compras, durante no más de dos horas, dos veces por semana, y para decenas de actividades laborales; es la prohibición de reunirse más de cinco personas en una misa u otra forma de culto religioso; es encerrarse en la casa a las nueve de la noche, cuando las calles son tomadas por las fuerzas armadas y policiales y quien sale se arriesga a ser castigado con cárcel por hasta cinco años; es no poder movilizarse libremente para ejercer el periodismo, porque se necesita estar registrado en el ministerio del Interior; es no poder salir del país sin la autorización de ese mismo ministerio o entrar para ser encerrado en un hotel durante por lo menos una semana, con un gasto de 700 dólares o más; es levantarse a las seis de la mañana para poder caminar un poco al aire libre, porque las autoridades han decidido permitir que la gente salga a hacer ejercicio entre las seis y las nueve, para evitar el deterioro anímico.
En el plano personal de quien esto escribe, que no es un caso único, la cuarentena significa estar separado de su esposa el año pasado durante nueve meses y ahora ya van casi tres, porque ella tuvo que viajar por razones profesionales a una ciudad al sur de Santiago, y las dos veces quedó atrapada allí, porque están prohibidos casi todos los viajes interurbanos; es salir cada mañana a comprar el diario en el único lugar del barrio que los vende y mirar en las esquinas si no andan policías, porque podrían detenerlo por andar en una actividad distinta de la periodística. Y la detención implica ser subido esposado a un carro celular y ser llevado a la comisaría, donde se le hace un prontuario por “delitos contra la salud pública”. Para muchas otras personas, las restricciones y prohibiciones están complicando el tratamiento de las enfermedades crónicas y se está acelerando el aumento de las enfermedades mentales.
El deterioro de la educación también es notorio bajo el modelo chileno de cuarentenas, porque muchos alumnos no tienen la tecnología para recibir las clases a distancia y porque, como lo repiten los expertos en todo el mundo, la presencia en las aulas es mucho más que la acumulación de conocimientos: es la adquisición de habilidades sociales y de todo lo que es básico en la formación de la personalidad de los niños. Según el ministerio de Educación, cuya iniciativa de reanudar las clases presenciales es boicoteada permanentemente por el sindicato de maestros, el 60% de los niños de primero y segundo de escuela no podrán adquirir la capacidad básica de lectura.
Los que claman por las cuarentenas suelen esgrimir la disyuntiva entre la economía y la salud y acusan a los gobiernos que no encierran a la gente de anteponer la primera a la segunda. Sin embargo, la economía no es solo el gran capital y las grandes empresas; es el quiosco cuyas ventas diarias sustentan a una familia; es la feria donde compran los más pobres porque es más barato y donde los puesteros generan el ingreso de sus hogares; es la cadena de todas las personas, desde el pequeño agricultor hasta esos puesteros, pasando por los cargadores de cajones y los camioneros que traen la fruta y la verdura a la ciudad; es el restaurante, el café o la confitería que emplean mozos, cocineros y limpiadores; es el canillita, que si no vende diarios no hace un jornal. El gran capital y las grandes empresas no sufren con las cuarentenas, como tampoco sufren los más ricos, que tienen ahorros para vivir sin empleo y están cómodos en sus casas y apartamentos amplios. Con los encierros en nombre de la salud pública sufren los que tienen que salir cada día a trabajar y países como los nuestros no tienen posibilidades reales de crear programas de ayuda para mantener a una multitud de personas sin trabajar y sin transitar por el borde del hambre. Chile lleva invertidos 18.000 millones de dólares con ese propósito (un poco menos de la mitad de la deuda externa de Uruguay), pero millones de sus habitantes desafían a diario las prohibiciones y la represión, en busca de trabajo.
Una cosa es la cuarentena en Alemania u otro país desarrollado europeo, donde una buena parte de la población ha tenido la capacidad de ahorro y los medios para soportar un tiempo sin reducir drásticamente su nivel de vida y donde la solidez de la seguridad social protege a los más débiles, y otra muy distinta es imponer el encierro con su consiguiente desempleo en Chile o Uruguay. Además, conviene aclarar que las cuarentenas europeas no tienen un componente represivo y rayano en la violación de los derechos humanos, como las leyes chilenas que castigan los “delitos contra la salud pública” o el “delito de peligro” creado hace unos días en Uruguay.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile y la universidad estadounidense de Maryland estudió el efecto de las cuarentenas en 113 países y llegó a la conclusión de que, aunque esas restricciones tienen un impacto significativo al comienzo, después de un mes las ventajas logradas se reducen a la mitad. Cristián Warnken, un pensador importante de la actualidad chilena, escribió recientemente que “Hay que tener cuidado hoy con reducir la realidad sólo a la mirada médica…antes cometimos el error de convertir a los economistas en los hechiceros de la tribu. Pero una cosa es la economía y otra el economicismo reductivista. También hay un riesgo de la medicalización de la política. No se puede olvidar la dimensión antropológica, sociológica y sicológica de esta crisis. La depresión también es un virus que condena a miles a una muerte en vida, peor incluso que la muerte física…otros virus, más invisibles y sigilosos nos acechan, tan peligrosos y letales como el que hoy nos paraliza”.
