Escribe Darío Rodríguez
La ciudad de Guichón, de 5 mil habitantes, asienta en dicha localidad la sede del Municipio que está gobernado por el Partido Nacional, sin representación del Frente Amplio. Enclavada en la zona centro sur del departamento, montada en la cuchilla de Haedo, sobre la ruta 90, está a 90 kms, de la capital departamental en cercanías del vecino Río Negro.
Estamos ante una zona ganadera, forestal y rica en diversidad ambiental. Pese a coincidir gobierno local, departamental y nacional, la gente no la tiene todas consigo.
Uno de los preocupantes problemas tiene que ver con la prescindencia del Municipio, encabezado por Martín Álvarez, del cuidado ambiental. Las autoridades locales disponen, desde el período pasado de un plan de ordenamiento territorial (Decreto 8058/2020) que asigna competencias. Como derivación, un Plan con una “dimensión ambiental” que fue avalada por el entonces MVOTMA. El Plan cubre todo el Municipio y prevé la “elaboración” de otro “específico de aplicación para el área protegida del Queguay”. Se hizo, nadie lo sabe.
El mismísimo Decreto, en acuerdo con la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) señala que la Comisión Departamental Asesora de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, nombrada por el Ejecutivo e integrada por el Municipio y organizaciones sociales con anclaje en el territorio, entre otras tareas, tiene como una de ellas el “seguimiento” de dicho instrumento. “El seguimiento y control” del plan concreto de Guichón y su microrregión, dice el Decreto “será ejecutado por la oficina técnica del Plan, dependiente de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Vivienda de la Intendencia”. Llegar a dichas herramientas insumió muchos años, pues hay que vencer inercias, perezas y a los poderes reales en territorio. Ahora la pregunta que salta inmediatamente es, ¿quiénes integran la Comisión Asesora?, ¿y la Oficina Técnica?
Uno de los actores que trabajó en el ordenamiento local fue el Colectivo en Defensa de los Bienes Naturales. Apuntan que hay cierta benevolencia con contaminadores del ambiente; y el Municipio evita intervenir. La no intervención va en perjuicio de los gobernados.
Hace algunas semanas, dicho colectivo que, entre otras cosas, -y no es sencillo en un lugar pequeño-, denunció a UPM por contaminar el arroyo Santana, emitió un comunicado cuestionando el rol del Municipio. Con la autoridad que le confiere el trabajo que realizan entienden que deben “exigir con convicción y argumentos que las autoridades territoriales cumplan y hagan cumplir la norma”. Son precisos al manifestar que “no se respetan las distancias para aplicación de agroquímicos en la zona de la UPA (Unidad Potabilizadora de Agua), no se han generado los ámbitos de participación y seguimiento que señala la ley 18.308 para la aplicación de dicho Plan; tampoco las empresas forestales respetan la normativa vigente respecto a las distancias para las plantaciones de eucaliptus de los centros poblados”. Por normativa, UPM “no debería volver a plantar eucaliptus en la zona de protección ambiental, turística y termal”. La organización expresa que el propio Municipio contamina el arroyo Guayabos desde el centro termal al descargar barométricas. Es notoria, haciendo seguimiento del marco normativo, la responsabilidad de la Intendencia.
Llama poderosamente la atención, en un país democrático, que para esta organización tanto el alcalde Martin Álvarez o el intendente Nicolás Javier Olivera no tengan un tiempo para reunirse. Por ejemplo, es habitual, más allá de los resultados, que el intendente se reúna con empresas, vecinos, cooperativistas, sindicatos, comisiones barrales, Ongs, etc. Es parte del ejercicio. Con tal panorama, el Colectivo pregunta, “¿qué vamos a esperar?”; respondiendo, “tener todos los cursos de agua contaminados. ¿qué lleguen los incendios para acordarnos de las distancias? Hay normativa, hay leyes. Hay que aplicarlas”.
Los legítimos reclamos de la organización ambientalista chocan con una forma de gestionar “la cosa pública” y, en el caso de Guichón, la ausencia de empoderamiento ciudadano en el tema y escaso vigor de la oposición política.
El vertedero es otro de los problemas emergentes. En su momento el alcalde manifestó que ese tema se iría a resolver; está en agenda. Pero también hay otro tipo de falencias, como la caminería, por señalar tan sola una.
El problema laboral es uno de ellos y podría explicar cierta apatía general en relación a la multinacional que recientemente fue objeto de una sanción por parte del gobierno. La misma hace cierto trabajo de responsabilidad social, auspicia eventos, colabora con la comunidad, lo que dificulta cuestionarla.
Por otra parte, fuentes consultadas mencionan que funcionarios -es un clásico en el interior-, que no comulgan con el gobierno local serían objeto de persecución política.
Otro tema que pega en la comunidad es la situación del Centro Auxiliar, carente de ambulancia y, de algunos medicamentos.
Seguramente estos temas lleguen a la Junta Departamental, si no se arma algún alboroto y se sigan suspendiendo sesiones. Tal vez los ediles de la oposición puedan tramitar algún pedido de informe, solicitar la presencia del alcalde en el deliberativo o desplegar medidas alternativas.
Es un tema de mayor abordaje, pero en lo real, esta descentralización ha reforzado formas de gestión que prescinden de la comunidad organizada, recreando viejas prácticas que suponen que la gente es un cliente, no tiene capacidad de propuesta y debe esperar por una actuación, a lo sumo, paternalista.
Por lo pronto que caigan algunos jornales solidarios y que algún barrio tenga saneamiento, atenúa la gravedad del asunto.
