Escribe Eduardo Rodríguez

El sábado 16 de setiembre se desarrolló en Paysandú la marcha de la diversidad, convocada por el colectivo Manos Púrpuras. La movilización, que recorrió buena parte del centro de la ciudad, terminó con la lectura de una proclama que, básicamente, denuncia que “en Paysandú camina la homofobia y muchas veces pisa fuerte” y pone en evidencia un “sistema” que elige no ver.

En el documento se expresa que la jornada de la marcha se transforma en “el día en donde florece lo que mes a mes trabajamos, y es el día en donde nos dedicamos a disfrutar lo hecho, en donde celebramos lo que somos y quienes somos, es visibilizar nuestra lucha que se da reivindicando la ternura, alegría y el orgullo, se transforma en una fiesta”.

Reconocen y lamentan que muchos vecinos sigan sosteniendo que la de la diversidad “es una marcha para putos”. Esto evidencia “la violencia” que se manifiesta “en las calles”, “porque setiembre se termina, pero la discriminación se da todo el año, porque esa también forma parte de nuestra realidad diaria, y el sistema es cómplice cuando no nos recibe las denuncias pero sí acude para vulnerar nuestros derechos cuando emiten denuncias injustificadas, porque este colectivo tiene memoria y no se olvida, porque en Paysandú también camina la homofobia y muchas veces pisa fuerte”.

Tras mencionar situaciones de violencia homofóbica registrados en diversos lugares del Uruguay, aseveran que esos casos de vulneración “no ocupan la portada de los diarios, no sale en la tele, ni en los informativos, y solo reclaman la voces de los mismos compañeros, porque nuestras vidas en nuestro país, parecen no tener valor. Nuestra realidad está tan invisibilizada, que únicamente nosotros mismos lo notamos, parece ser cotidiano para la vecina, para el vecino, los insultos directos y solapados en la calle, parecen no ver, no escuchar o elegir no escucharlos, las veces que en la calle nos gritan puto, torta, marica, tortillera, trava. Los y las docentes eligen mirar para el costado cuando la violencia se sienta en sus aulas, cuando entre estudiantes se vive hostigamiento, cuando eligen vulnerar los derechos de los compañeros trans por sus pronombres, pasando por arriba las leyes por las que peleamos y es por esta violencia psicológica que luego no podemos continuar el trayecto educativo. El sistema de salud nunca exento de vulnerarnos hasta el cansancio, consulta tras consultas, dando por sentada una heterosexualiad y centrando nuestra atención como si fuéramos hetero”. Cuentan que en este departamento “hubo que intervenir como sociedad civil para que se cumpla un decreto presidencial, como lo fue con el donativo se sangre”.

Recuerdan que “este año en la Escuela Técnica, un compañero fue hostigado por su condición sexual, violencia que escaló hasta los golpes, pero como los hechos pasaron de la puerta para afuera el centro no interviene, como si la violencia hacia nuestro cuerpos también pudiera delimitarse, ¿es ésta la formación en calidad humana que brindan los centros educativos, de mirar para el costado y ser indiferente ante la realidad de otros, ésta es la empatía y el respeto por la diversidad que promueven los espacios educativos y que tanto se pregona desde los organismos de la educación del Estado?”, pregunta Manos Púrpuras y asevera que la comunidad debería “estar mucho más a la altura de las circunstancias”.

La proclama deja constancia del rechazo de los colectivos que luchan por estas causas respecto a la denominada “reforma educativa, que deja a la formación en educación sexual, que en nuestro país ya era vapuleada, invisibilizada, muchas veces de corte biologicista y en otros espacios inexistente, remitida a un taller a elección” cuando debería ser “una materia que creemos fundamental para el desarrollo en derechos de todo tipo” “pero al parecer para el Estado conocer nuestros derechos en salud, en legislación y sobre nuestros cuerpos, tiene el mismo valor que la elección de otro taller”.

La organización reconoce que cada vez que hay elecciones enfrentan el “miedo a perder derechos que se han conquistado con lágrimas, sudor y sangre, porque los derechos se conquistan no se mendigan. Miedo a perder los avances conquistados. No nos resignamos que nuestra agenda de derechos tiemble con cada elección, no nos resignamos a perder lo que los años de lucha y quienes nos anteceden nos han dado, pero nuestra apuesta se redobla, y decimos que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás”.

Dejan constancia de la preocupación que les generan “los discursos de odio que se escuchan de parte de representes políticos y en los medios de comunicación que no es otra cosa que la vulneración de nuestro derechos y un discurso peligroso que ingresa a los hogares, espacios  públicos y privados. No se puede nombrar a nuestros derechos como privilegios, no se puede atropellar a una sociedad que ha construido lo hoy alcanzado. Nos preocupa que los discursos de odio sigan avanzando, porque estos coartan nuestras realidades y pasan desapercibidos” apelando a una “falsa libertad de expresión”.

La organización reivindica “el trabajo” que se realiza “en el interior del país”, destacando que “las leyes no se militan únicamente en Montevideo aunque, muchas veces, se ejecutan plenamente únicamente en capital y zona metropolitana, pero hay otros 18 departamentos en nuestro país que pujan y luchan fuertemente, sosteniendo un arduo trabajo humano de militancia, de vigilia y contralor de las leyes, dejando la vida en la lucha. Merecemos el mismo reconocimiento que Montevideo”.

Tras enumerar “las acciones de sensibilización respecto de las enfermedades de transmisión sexual, con énfasis en VIH”, señalan la tarea de “consejería, que es el acompañamiento no solo el test sino cuando aparecen los resultados positivos que cumplen los colectivos”. Sobre este aspecto dejan planteada la denuncia de que en policlínicas de Paysandú “no se encuentran disponibles test rápidos para el testeo y no nos consta que haya un protocolo de acción y acompañamiento y en ocasiones el diagnóstico es dado de una forma poco empática y muchas veces insensible”.

La proclama concluye con la sentencia de que la vida de las personas trans “sigue perpetrada de violencia, sigue siendo el trabajo sexual su mayor fuente de trabajo, nos preguntamos ¿dónde están los llamados a nivel público y privado? ¿Por qué la expectativa de vida sigue siendo de 30 a 40 años e ir a morir parece ser un trámite? La muerte los alcanza y muchas veces sus familias y amigos, no pueden sepultar su cuerpo dado que no pueden costear sus traslados, está es una realidad que debemos contemplar como sociedad”.

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