Por Horacio R. Brum
El presidente argentino Javier Milei se refiere despreciativamente a los políticos como “la casta”. Al igual que muchas de las ideas y conceptos de este inquilino de la Casa Rosada, la expresión no es original, porque hace tiempo que comenzó a ser empleada por sus amigos del partido ultraderechista español Vox, para insultar al gobierno socialista y a todos los que no se ajusten a la visión primitiva que ellos tienen del mundo, anclada en la época de la dictadura de Francisco Franco. Tal vez, el uso que dan a la palabreja proviene del viejo proverbio castellano: “De casta le viene al perro”, uno de cuyos significados es similar a nuestro criollo: “El zorro pierde el pelo, pero no las mañas”. Milei niega pertenecer al grupo de los privilegiados que profitan del sistema político, pero al parecer, en reemplazo de la casta que abomina está creando otra: la casta empresarial.
Tampoco esta creación es nueva; en 1973, poco después del golpe de Estado contra Salvador Allende, un grupo de economistas y empresarios entregó al general Pinochet, ya entronizado como señor de vida y muerte en Chile, un documento que se conoció como “El Ladrillo”, a causa de su gran número de páginas. El Ladrillo era el plan para imponer en el país el neoliberalismo, a partir de la virtual destrucción del Estado benefactor que los chilenos habían conocido hasta entonces. El plan se había elaborado antes del golpe, con el conocimiento y apoyo de organizaciones como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), cuyo presidente de la época declaró, en un documental televisivo por los 40 años del derrocamiento de Allende, que la SOFOFA organizó su propia red de espionaje contra el gobierno socialista. Con el Ladrillo en plena vigencia, Pinochet dijo que “hay que cuidar a los ricos, para que den más”, con lo que suscribía a la ‘teoría del chorreo’ de sus socios civiles, según la cual si se beneficiaba mucho a los de arriba, algo iba a llegar a los de abajo. De esa manera, los empresarios tuvieron rienda libre para negar los más elementales derechos a los trabajadores y hacer negocios con escasos controles estatales, incluso en ámbitos tan sensibles como la salud o la educación. Por otra parte, el régimen los alabó como salvadores de la patria económica y les dio una cuota de poder político que sólo se ha reducido después de varias décadas de democracia. Así fue como Chile salió de la dictadura con más del 40% de sus habitantes en la pobreza y convertido en una sociedad de prosperidad basada en el endeudamiento.
Unos días atrás, al visitar la sede bonaerense de Mercado Libre -la empresa que es un verdadero pulpo del comercio por Internet y está en querella con los bancos argentinos bajo la acusación de abuso de su posición dominante en el mercado-, Javier Milei expresó: “… el único que puede generar riqueza – en este país y en el mundo entero – es el empresario, no el político…al empresario hay que dejarlo producir y brindar bienes y servicios de mejor calidad y venderlos al mejor precio que pueda y tiene que tener la posibilidad de ganar dinero por ello…un empresario exitoso es un benefactor social, porque si está ganando dinero quiere decir que le arregló algún problema a la gente y ese tipo merece ser ponderado”. Mercado Libre pertenece a Marcos Galperin, el hombre más rico de Argentina y uno de los megamillonarios de América Latina, que se radicó en Uruguay escapando de la voracidad impositiva del kirchnerismo. Como el Presidente, Galperin detesta todo lo que huela a izquierdismo y es uno de los grandes empresarios que festejan las groserías usuales de Milei y le aplauden a rabiar cuando pontifica sobre, parafraseando a Donald Trump, el hacer a Argentina grande otra vez.
Junto al dueño de Mercado Libre se mueven en torno al jefe del poder Ejecutivo los propietarios de grandes empresas y compañías que dominan la economía nacional, desde la construcción hasta los aeropuertos, pasando por la hotelería y los shoppings. Todos ellos están siendo beneficiados directamente por la rápida erosión del Estado precipitada por el gobierno que, entre otras decisiones, resolvió librar totalmente a la iniciativa y la ejecución privadas las otrora obras públicas; permitir la enajenación de numerosos bienes inmuebles de propiedad estatal; despedir empleados casi sin limitaciones y, si se mantiene el alelamiento de las fuerzas sociales y sindicales, imponer un proyecto de reforma laboral que reducirá los derechos de los trabajadores.
Varios de los empresarios de esta nueva casta que está creando Milei tienen inversiones importantes al otro lado del Río de la Plata y han sido anfitriones del presidente Lacalle Pou en unos cuantos eventos argentinos destinados a tender redes de contacto e influencia. Por ello, cabe preguntarse si la casta empresarial de la Casa Rosada tiene un equivalente uruguayo, en especial ante la posibilidad de que el Frente Amplio vuelva al poder.
A juzgar por la investigación que realizó Fernando Amado para su libro El Club de los Millones (2015), en Uruguay solamente hay personas influyentes, que suelen apoyar económicamente a los partidos según sus intereses e inclinaciones políticas. El autor “conoce bien el paño”, porque ha transitado en la política desde el partido Colorado hasta el FA, y de su obra se deduce que nadie en nuestro país tiene tanta fuerza política basada en el poderío económico, como están obteniendo en la actualidad los empresarios argentinos. De todos modos, ningún partido ni candidato presidencial se ha privado de aceptar las contribuciones del empresariado local, lo cual implícitamente conlleva algún tipo de consideración hacia los intereses de estos donantes.
Si alguien puede actuar de puente entre la nueva casta de Argentina y sus posibles similares uruguayos, este es Juan Carlos López Mena, el dueño de Buquebus (que en otro libro fue bautizado ‘el zar del Río de la Plata’). Nacionalizado uruguayo, López Mena domina el tráfico de pasajeros en el Plata y cuando el Frente Amplio ganó las elecciones por primera vez se habló del “voto Buquebus”, porque el empresario naviero concedió grandes descuentos en los pasajes a los uruguayos que venían a votar desde Argentina. Exiliados políticos o económicos, esos compatriotas representaron un caudal sustancial de votos y es conocido que López Mena tuvo buenas relaciones con los gobiernos frenteamplistas, hasta que se produjo un cortocircuito con José Mujica, a raíz de la venta de Pluna. Los detalles del caso van más allá de esta columna, pero lo cierto es que el magnate naviero sigue invirtiendo en Uruguay, aunque en muchas entrevistas se queja de la burocracia que demora sus proyectos.
Significativamente, cuando en el Foro Llao Llao (que se realizó en abril en Bariloche, con el auspicio y la presencia de los empresarios de la casta de Milei), preguntaron a Lacalle Pou si se iba a hacer el puente Colonia-Buenos Aires, el presidente respondió con un tono casi tajante: “No es una prioridad”. Después de todo, facilitar las comunicaciones entre Uruguay y Argentina iría contra los intereses del zar del Río de la Plata y también podría perjudicar el negocio del operador de los aeropuertos uruguayos, el ex patrón de Javier Milei, Eduardo Eurnekian…
