Polémica decisión de Olivera
Según los documentos que firmaron el director general del Departamento de Administración de la Intendencia, contador Martín Thomasset, y la encargada de la Unidad de Asesora Jurídico Notarial de la comuna, doctora Cristina Zeni, como respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por Federico Álvarez y Mario Díaz, se puede concluir que el gobierno de Olivera no cumplió con el decreto de la Junta Departamental que dispuso que el 20% del total del Fideicomiso Financiero Paysandú II se destine al desarrollo de obras en el interior del departamento y cuya definición será “en acuerdo” con los vecinos. Llamativamente, imputaron a ese monto la obra de la residencia para estudiantes universitarios que se construye en la exVialidad y la compra de maquinaria.
Tras intensas negociaciones políticas que luego se institucionalizaron, a fines de agosto de 2020 la Junta Departamental autorizó la contratación del fideicomiso por 250.000.000 de Unidades Indexadas (UI) a través del Decreto 8093/2020 en cuyo artículo tercero expresa, “Del total del endeudamiento a contratar el 20% del mismo (o sea hasta 50.000.000 de UI), deberá ejecutarse en obras a realizarse en el interior del departamento, las que serán definidas en acuerdo con los Concejos Municipales y Juntas Locales designadas por el gobierno entrante luego del 27 de noviembre próximo”, fecha en la que asumió el gobierno que estará en funciones hasta los primeros días de julio de este año.
El texto no deja margen a la duda y tiene un evidente tono imperativo, que ordena al intendente. Pero, el exintendente, actual senador y, otra vez, candidato a intendente, Nicolás Olivera no consideró el referido documento y terminó empleando los recursos de maneras muy discutibles. También en este caso el funcionario se enreda con su propio discurso. Ocurre que lo escuchamos repetir con insistencia que una financiación extraordinaria como la del fideicomiso se debe utilizar para solventar obras también extraordinarias. Pero, resulta que destinó más del 30% de lo que corresponde a las localidades para comprar máquinas, recursos que difícilmente sigan operativos cuando terminemos de pagar en préstamo, en unos 20 años.
De ese 20% quedaron por invertir “unos cambios”; según el informe referido, efectivamente se ejecutaron 49.997.544 Unidades Indexadas, en pesos 311.114.717 y en dólares 7.197.731.
Entre los varios aspectos que generan sorpresa y preocupación, y seguramente motiven la polémica, hay que señalar que el 43,3% del total de ese monto fue destinado a las obras del hogar estudiantil universitario; son 21.665.703 UI o 134.817.003 pesos o 3.119.031. Hace algún tiempo algunos actores políticos del interior habían denunciado que funcionarios del equipo de Olivera aseguraban que la plata del fideicomiso que correspondía a las comunidades terminaría sustentando la residencia estudiantil. En esa línea, por ejemplo, la concejal de Porvenir por el Frente Amplio, Darinka Reimundez, afirmó que cada vez que reclamó los recursos del fideicomiso para esa jurisdicción la entonces directora de Descentralización, hoy también candidata a intendente por el Partido Nacional, Gabriela Gómez, decía que ese dinero iría con tal fin “porque también será beneficio para los gurises del interior”.
Más de un tercio de aquel 20%, concretamente el 34,2%, fue para pagar máquinas; en pesos 106.397.580 y en dólares 2.461.539. No parece sensato que haya que apelar a este tipo de mecanismo para incorporar vehículos, cuya vida útil es muy relativa y que las comunas deberían poder adquirir por sus propios medios.
El renglón titulado “piscinas” se llevó el 11,7%, 5.835.964 UI; en pesos 36.314.870 y en dólares 840.155. El informe no detalla en qué localidades se instalaron esas piletas y menos aun si esas incorporaciones resultaron del reclamo de los vecinos.
Para Termas de Almirón fueron 3.371.970 UI, 6,7% del total, 20.982.421 de pesos o 485.434 dólares. En este caso tampoco se especifica a qué se destinó ese dinero. Seguramente refiera a la compra de una bomba de calor para elevar la temperatura del agua de las piscinas. Curiosamente, las obras de ampliación de los vasos de las piletas que hizo la propia comuna agudizó el problema de la falta de grados en ese caudal. En este punto también corresponde señalar que en la lista de obras que acordó la Junta Departamental en agosto de 2020, entre las cuales el intendente podía elegir, se dispuso poco más de 250.000 dólares para mejoras en el centro termal de la zona de Guichón y una partida menor para Termas de Guaviyú, especificándose claramente que esos recursos eran independientes del 20% reiteradamente citado, para el interior.
Finalmente, 12.602.843 pesos, en dólares: 291.000, o 2.025.334 Unidades Indexadas, 4,1% del 20%, irán a Tambores, para sustentar la construcción de una terminal de ómnibus, cuya edificación fue resuelta desde la ciudad, otra vez, sin la participación de los vecinos.
El conocimiento de estas informaciones, que sólo aparecen gracias al recurso del acceso a la información pública, seguramente provoque la decepción de muchos vecinos del que han reclamado enfáticamente estos recursos. Es cierto que las voces que se alzaron con ese propósito no son muchas y que, en general, a nivel de los gobiernos locales, los alcaldes tienen a blindar al intendente priorizando en los intereses políticos partidarios sobre el de sus vecinos. Es de suponer que otra sería la situación si los sanduceros del interior, con los referentes políticos a la cabeza, hubiesen reclamado de manera firme y sostenida lo que les corresponde de un endeudamiento que también ayudarán a pagar.
