Con fecha del 16 de octubre de este año, la jueza de Sexto Turno, doctora Paula Ramilo, resolvió condenar a la Intendencia de Paysandú al pago de 4 Unidades Reajustables por día “y por el plazo de 45 días” por el “retardo en el cumplimiento” de la sentencia que le ordenó responder a todas las preguntas formuladas por Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia en tres solicitudes de acceso a la información pública cuyo trámite administrativo se inició en los primeros días del mes de mayo.
La comuna ha perdido varias instancias de apelación por lo que debe cumplir con dar la información solicitada sobre cuál es el monto que efectivamente se ha ejecutado del Fideicomiso Financiero Paysandú II (endeudamiento que alcanzó unos 25 millones de dólares) y en qué obras; cuál es el sobrecosto que implica la construcción del hogar estudiantil universitario en zona inundable y cuáles empresas se presentaron al llamado a licitación para la ejecución de esa obra; qué inversiones realizó la empresa Sandeco en el vertedero y si existen funcionarios municipales a cargo de empleados de la Fundación A Ganar.
“La Intendencia responde, contesta, pero lo que quiere no lo que se le pregunta y de ahí que la Justicia los esté intimando a responder lo que se les pregunta”, explicó Mario Díaz, exintendente y exsecretario general de la Intendencia. Para el doctor Álvarez Petraglia en las autoridades de la comuna “hay un problema de comprensión lectora” dado que los fallos judiciales de las distintas instancias coinciden en la obligación que le compete al ejecutivo departamental de otorgar los datos que se requieren.
“No responden porque, claro, ellos mintieron”, enfatizó el abogado en referencia a los temas cuya dilucidación resulta eludida. “El secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, actual candidato a diputado por la lista 51 mintió cuando dijo que Sandeco había invertido 750.000 dólares en el vertedero” de la misma manera que en la Junta Departamental aportó cifras sobre la residencia universitaria que no parecen ser las reales, indicó el jurista.
En la misma línea, Díaz hizo notar “el manejo muy desprolijo de las cifras referidas a la construcción del hogar estudiantil” sobre cuya inversión el gobierno de Olivera aludió a tres montos diferentes. “Acá lo que se quiere esconder son los sobrecostos derivados del capricho del intendente de construir un hogar estudiantil en un lugar inundable”, agregó. Mientras que, de confirmarse que existen funcionarios municipales a cargo de empleados de la Fundación A Ganar se verificarían situaciones de vulneración al Estatuto de los trabajadores de la comuna, lo que también revelaría un llamativo silencio de ADEYOM.
Díaz y Álvarez Petraglia sostienen que la Intendencia “ya está en desacato por no haber respondido lo que se le preguntó y por no haber atendido la orden de la Justicia” y refrendan su decisión de avanzar en acciones judiciales en las que “debería responder el intendente”.
Foto publicada por la Fundación A Ganar para comunicar las acciones que despliega a partir del contrato con la Intendencia de Paysandú
