Escribe Margarita Heinzen
La Ley de presupuesto remitida por el Poder Ejecutivo al Parlamento la noche del 31 de agosto estuvo dentro de lo esperado aunque trajo también unas cuantas sorpresas.
A cuenta de un informe más detallado que se está realizando en estos días, un primer análisis permite señalar los siguientes elementos:
El inciso 26, que concierne a la Universidad de la República, la única institución de Educación Superior desde la fundación de la nación y hasta 2013, que cuenta hoy con 140.000 estudiantes, no recibió ninguna asignación incremental de fondos. Es el único ente de la educación pública que no tiene artículos con montos incrementales. Los montos figuran en el anexo (considerado parte de la Ley) y que constituyen una línea base.
El monto de la línea base es constante en cada año y de $18704 millones desde el 2021 al 2024. Esto incluye los fondos de rentas generales y los de libre disponibilidad, y es similar a la línea base que la UdelaR presentó en su articulado. Esto indica que en principio no hay disminución del presupuesto actual, pero al incluir los fondos de libre disponibilidad, que son aquellos que no provienen de la asignación presupuestal, no queda claro cuánto de esa línea base será consolidado por Rentas Generales. Incluir los fondos de libre disponibilidad significa que se consideran los recursos percibidos por las Fundaciones o Asociaciones Civiles sin fines de lucro, que la Universidad ha creado en varias Facultades para agilizar la gestión relacionada con terceros. Es decir, es necesario aún analizar las fuentes de financiación pues no queda claro qué parte proviene de rentas generales y qué parte de la recaudación propia de la UdelaR.
Además de este vistazo a los montos, y que requiere mayor análisis, la Ley plantea algunas derogaciones de artículos que afectarían a la UdelaR. Por ejemplo, se deroga un artículo de la rendición del 2017 que permitía que el dinero de inversiones no ejecutado un año se transfiriera al siguiente. La UdelaR ejecuta regularmente casi el 100% de los créditos, pero podría complicar la ejecución de algunas obras. ¿Por qué? Porque el costo de las obras públicas muchas veces supera las asignaciones anuales. Lo que el artículo derogado permitía era “ahorrar” para llegar a un monto que permitiera la realización de obras en plazos razonables. Hace tiempo que no se ven esas obras públicas paradas, que avanzaban en la medida que las partidas asignadas permitían y que luego quedaban como esqueletos fantasmales a la espera de nuevos fondos. Una de las obras que se benefició con el artículo ahora derogado fue el laboratorio de bioseguridad nivel 3 en Salto, desde donde se están realizando los test del COVID-19 para todo el norte del río Negro. La avidez recaudatoria vale más que la eficiencia.
También se deroga un artículo que se aprobó en rendición de cuentas del año anterior que autorizaba a colocar fondos destinados a inversiones en unidades indexadas, lo que permitía no perder el valor de dichos recursos como consecuencia de la inflación. ¿Cuál es el fundamento para cambiar esto?
Además, se generan controles por parte del MEF y la OPP cada vez que se requiera transferir crédito de sueldos a gastos o inversiones. En términos prácticos, estos controles implican que el dinero de cargos que no fueron llenados por diferentes motivos (alargamiento de un concurso, vacante prevista, renuncia), no puedan transformarse en el ejercicio en dinero para gastos o inversiones. Esto permitía mucha flexibilidad en el uso de los fondos, por lo que se verá complicada la ejecución y por lo tanto la eficiencia. Aunque esto parezca palabrería de contadores, capaz para la historia de nuestra universidad es de lo más grave, porque atenta contra su autonomía. La División Jurídica de la Universidad cuestionó la constitucionalidad del artículo, en la medida que introduce un contralor del Poder Ejecutivo en cada traspaso que se haga.
Respecto a los salarios, el art. 4 sustituye un artículo habitual en leyes presupuestales anteriores que tomaba en cuenta la inflación pasada para actualizar los sueldos. Ahora la propuesta es la siguiente: en enero de 2021 se va a tomar en cuenta la inflación observada en 2020 y se le va a restar el rango meta 2020. En este caso, se estima que el salario sería incrementado en el orden del 4,8% en vez de 9,8%, lo cual representa una pérdida del salario real. A partir del 2022 se toma en cuenta la inflación proyectada, aunque no queda claro cómo se realizará el ajuste para recuperar el poder adquisitivo, lo que fue manifestado como intención del Poder Ejecutivo.
Por último, aunque como ya expresé, este inciso (y toda la Ley) requiere de mayor análisis, se elimina a la UdelaR como posible beneficiaria de donaciones especiales. Como dato ilustrativo, la institución recibe anualmente del orden de U$S 300.000 dólares por dicho concepto. ¿Por qué se priva a la UdelaR de recibir donaciones especiales, que sí pueden recibir las universidades privadas y ANEP?
Sólo dejo algunas preguntas, que los propios consejeros al CDC plantearon ante el estupor de tal discriminación institucional:
¿Cuál es la razón para esta discriminación? ¿Por qué cero incremento, a diferencia de la UTEC que tuvo un incremento de $218 millones sobre una línea de base 908 millones de pesos, y de ANEP que tuvo un incremento, mucho menor al que solicitó, pero de todas formas del orden de 1500 millones de pesos.
¿Por qué eliminar un artículo de la última Rendición de Cuentas que permite evitar la pérdida generada por la inflación del valor de ciertos créditos?
¿Por qué los controles agresivos propuestos, que van contra una ejecución eficiente de los recursos y la autonomía?
Entre otras joyas del simbolismo de este mensaje esta Ley de Presupuesto asigna fondos para más generales y coroneles, y nada para nuevas Dedicaciones Totales, que son las compensaciones salariales que se le paga a aquellos docentes dispuestos a dedicarse solamente a la universidad, donde tiene gran peso de la función de investigación y cuyo objetivo es evitar que jóvenes investigadores se vayan del país.
Viene ahora una nueva etapa a nivel parlamentario que encontrará a la Universidad pública unida, intentando explicarle a la población para qué necesita el dinero. De todos modos, las familias de los más de 15.000 estudiantes que pudieron comenzar una carrera a raíz del desarrollo de la UdelaR en el interior lo saben con creces.
Las fotos corresponden al laboratorio de Bioseguridad Nivel 3, único en el país.
